Dirigentes sostienen que, pese a maniobra, movilización será realizada de todas maneras a nivel nacional.
En Lima la marcha es al Congreso en demanda de mejoras salariales. “Saldremos a protestar este jueves 18 contra la manera cómo el presidente Alan García se viene burlando de los policías y militares”, indicó ayer el suboficial (r) Óscar Pedraza.
Los presidentes de diversas asociaciones de policías y militares denunciaron ayer que una organización denominada “Alianza por la Reivindicación de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional” pretende boicotear una marcha nacional convocada para este jueves 18.
El presidente de la Asociación de Pensionistas de la Fuerzas Armadas y la Policía Nacional (Apenfapona), suboficial Camilo Rivera, indicó que la referida asociación paralela está presidida por el vicealmirante Francisco Vainstein, quien busca confundir a la opinión pública y adquirir notoriedad con fines políticos, a costa de la lucha de miles de policías y militares que durante años reclaman por el respeto de sus derecho.
“Existe esa alianza que actúa de manera paralela a los frentes de defensa de los intereses de policías y militares. Esta agrupación, dirigida por el vicealmirante Vainstein, sólo está aprovechando la coyuntura de la marcha del 18 para adquirir notoriedad, pues tienen pretensiones políticas, como ocupar una curul en el Congreso”, dijo a LA PRIMERA.
Rivera explicó que esa organización intenta dividir el trabajo de las organizaciones sindicales policiales y militares al convocar a preconcentraciones distintas de las señaladas por el Frente Nacional de Lucha Militar–Policial (Frenmilpol) en la Plaza 2 de Mayo a las 10 de la mañana del próximo jueves.
“Están buscando distraer la atención de esta última carta que nos jugamos, antes de que el Congreso apruebe el Presupuesto de la República 2011, en términos que lesionan nuestros derechos; están operando a través de volantes y redes sociales en contra de las familia policial-militar”, sostuvo.
El presidente de la Asociación Mutualista de Técnicos y Oficiales de Mar, Peladio Benavente, denunció que la referida alianza presentó un informe de inteligencia al Congreso con la intención de acusar a los dirigentes del citado frente como indisciplinados, infiltrados y agitadores.
“Esa actitud demuestra la falta de escrúpulos de estos colegas, que buscan boicotear la lucha principista y transparente que nosotros impulsamos, sin ningún interés personal ni político de por medio”, remarcó Benavente.
Por su parte, el presidente de la Federación Nacional de Policías Retirados, suboficial Óscar Pedraza, recordó que la protesta nacional en la que participarán tanto los policías y militares en situación de retiro, como las esposas y familiares de los miembros de las fuerzas del orden que están en actividad llegará al Congreso, para expresar su rechazo a la propuesta de eliminar la pensión renovable que les corresponde, así como exigir la ampliación del presupuesto para conceder el aumento ofrecido de remuneraciones y pensiones a partir de enero del año 2011.
“Saldremos a protestar contra la manera cómo el presidente Alan García se burla de los policías y militares, pues ofreció incrementar los sueldos y pensiones desde enero del próximo año, sin embargo su ministro de Economía afirmó que cualquier aumento se dará a partir de julio de 2011, situación que evidencia que no hay intención de solucionar el problema y más bien se pretende dejarlo para el próximo gobierno”, dijo.
Rumimaki
Pedraza dijo también que otro punto importante en su pliego de reclamos es el pedido de libertad del suboficial Rogelio Escalante, así como del suboficial Richard Ortega Quispe, más conocido como “Rumimaki”, quien fue condenado a tres años de prisión por supuestamente haber incitado, a través de los medios de comunicación, a un paro policial el pasado 5 de abril en demanda de mejoras salariales.
“El gobierno siempre nos ha respondido con cárcel, bajas, persecución y largos procesos judiciales. Se supone que ambos debieron de haber sido procesados, porque el fuero privativo militar es sumarísimo, sin embargo ya tiene como seis meses en la cárcel, cuando ellos no han cometido un delito, sino una falta al declarar a la prensa”, indicó.
Rosa María Loayza
Redacción
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