JUEZ JUSTO se comunicó reiteradamente con la directiva actual de la Caja de Pensiones Militar Policial, pero no obtuvo respuesta. Un silencio que está sujeto a muchas interpretaciones.
La difícil situación de la Caja de Pensiones Militar Policial es el reflejo de la crisis que se vive dentro de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Este problema fue denunciado con anticipación en diferentes oportunidades. Sin embargo, hasta dos gobiernos sucesivos dejaron que la peligrosa chispa avance hasta llegar casi a la bomba.
| Mirtha Torres, Revista Juez Justo |
Si desde años atrás innumerables denuncias daban cuenta de las irregularidades que se cometían en el manejo de la Caja de Pensiones Militar Policial, quizás ninguna noticia asustó más a los integrantes de las fuerzas militares y policiales que la propuesta gubernamental de eliminar la pensión renovable, más conocida como “cédula viva”.
Esta propuesta es parte del proyecto de Ley del Presupuesto 2011 que presentó el Ministerio de Economía hace pocas semanas. Y, aunque la ex titular de este ministerio, Mercedez Araoz, se esforzaba por presentarla como la única forma de salvar la Caja de Pensiones Militar Policial, esta proposición fue rechazada enérgicamente por todos los directamente interesados, es decir, los policías y militares.
Los problemas de la Caja de Pensiones se remontan a casi dos décadas atrás, cuando los economistas predecían la crisis debido a la baja tasa de aportes que percibía. Pero, el declive se puso de manifiesto años después, no solo por esas razones, sino por muchas otras que tenían que ver con la corrupción.
En el 2003, una investigación que realizó el Congreso de la República puso el dedo en la llaga y las irregularidades salieron a la luz pública. En ella se vinculaba el desbalance patrimonial de la Caja con el despilfarro que realizó Vladimiro Montesinos durante los años del gobierno fujimorista.
Se supo entonces que, a setiembre del año 2000, el Estado le debía a la Caja 1,753 millones de soles por negocios irregulares que incluían la compra de inmuebles sobrevaluados y la venta de estos mismos predios a un costo menor, además de los préstamos a diestra y siniestra que se repartían a empresas insolventes, previo pago de coimas.
Historia del saqueo
Pero ya algo se percibía tres años antes. En 1997, el entonces coronel Edwin Donayre Gotzch, que era asesor del ministro de Defensa Tomás Castillo Meza, presentó un informe que detallaba los malos manejos de la Caja de Pensiones Militar Policial y proponía hacer una auditoría. Sin embargo, lejos de iniciarse las investigaciones, Castillo Meza omitió la información.
Según Donayre Gotzch, la actitud del ministro dejó mucho que desear, pues rechazó la recomendación de auditar la Caja y, por el contrario, lo reprendió por hacerle firmar el documento sin advertirle ni haberlo leído. Al parecer, Castillo Meza habría recibido un severo llamado de atención de Vladimiro Montesinos por ese informe.
Cuando, en el 2003, el Congreso de la República presentó el informe final de la investigación sobre la Caja de Pensiones Militar Policial, muchas cosas quedaron en evidencia. Irónicamente, entre los integrantes de esta comisión estaban los ex congresistas Javier Velásquez Quesquén y Rafael Rey Rey, quienes, a pesar de que luego ocuparon la Presidencia del Consejo de Ministros y el Ministerio de Defensa, a la postre poco o nada hicieron para solucionar los problemas de la Caja.
Las conclusiones del informe congresal establecen que Luis Alberto Venero Garrido, Luis Duthurburu Cubas y Juan Valencia tuvieron responsabilidad en los manos manejos de la institución y actuaban como testaferros de Vladimiro Montesinos.
El documento revela que, entre 1993 y 1999, los funcionarios de la Caja estaban coludidos en el debacle del sistema de pensiones. Entre ellos se denunció al contralmirante José Duffo Boza, el general del aire Danfer Suárez Carranza y al gerente general Javier Revilla Palomino.
De la investigación se deslindó también que, en los años 90, los directivos de la Caja otorgaron préstamos a diestra y siniestra por intermedio de los brokers. Entre 1993 y 1994 se concedió a Mar Egeo Inversiones S.A. créditos por un monto superior a los 25 millones de dólares. Mientras que a Tibe S.A se le dio más de 4 millones entre 1991 y 1993.
Javier Diez Canseco presidió la comisión investigadora.
Javier Diez Canseco, presidente de la comisión parlamentaria que se encargó de la investigación, afirma que hubo un virtual asalto a la Caja a través de negocios sucios. “Se compraba bienes sobrevaluados y se vendía a menor precio. Se entregaban bienes como pago de favores políticos y los altos funcionarios tenían sueldos elevados y cobraban por gastos de representación y comida”, señala.
A partir de estas investigaciones se aclaró el panorama sobre la difícil situación financiera de la Caja. Sin embargo, las soluciones no llegaron y las promesas se esfumaron.
Promesas incumplidas
En la actualidad, se estima en 547 millones de soles el déficit de la Caja de Pensiones Militar Policial. En el 2009, el Estado inyectó 228 millones de soles y este año ha anunciado una primera transferencia de 330 millones de soles para el próximo año. Lo lamentable es que estas cifras representan menos de la mitad de la deuda que aún mantiene el Estado con la Caja. Y, aunque hayan intentado hacer ver estos desembolsos como una ayuda, los policías y militares coinciden en rechazar que sea un favor.
El quiebre de la Caja es, además, el reflejo de la mala situación que viven tanto policías como militares, que incluye los bajos sueldos y las largas jornadas laborales.
El general Donayre aduce que este contexto fue aprovechado por el actual mandatario, que se presentó ante los policías y militares durante la campaña electoral del 2006 y ofreció aumentar los sueldos si ganaba las elecciones. De este modo, captó un buen porcentaje de los votos de castrenses, pero, luego, sus promesas quedaron en el olvido.
Oscar Pedraza, presidente de la Federación Nacional Policial (Fenapol).
Para Oscar Pedraza, presidente de la Federación Nacional Policial (Fenapol), ese no ha sido el único ofrecimiento relegado por Alan García. Recuerda que, en 1990, justo antes de dejar la presidencia, firmó el Decreto Supremo 213 que aprobaba homologar las remuneraciones, bonificaciones, beneficios y pensiones del personal militar y policial, desde el primer día de julio del mismo año, con el 75 por ciento de sueldo de los congresistas. Esa norma nunca fue cumplida e, incluso, en la actualidad ha sido considerado como inviable.
El presidente de la Fenapol asegura también que el ex premier Javier Velásquez Quesquén prometió en abril de este año que la pensión renovable se mantendría, pero luego apareció una propuesta contraria.
Donayre y Pedraza coinciden en señalar que la decisión tomada por el Gobierno de eliminar la “cédula viva” es una traición a las Fuerzas Militares y Policiales. También consideran injusto el cronograma de aumento de sueldo que se presentó, pues, según ellos, es erróneo tratar de la misma forma a generales y suboficiales.
Sueldos y pensiones
Según un estudio hecho por la Fenapol, el presupuesto anual de la República evidencia que existen recursos fiscales para aumentar los ingresos del personal militar y policial. Afirma que, desde el año 2005 al 2010, existe un saldo presupuestal de más de 84 mil millones de soles que podría ser destinado al pago de la deuda social interna. Sin embargo, tal parece que la promesa del incremento de los ingresos de los policías y militares duerme el sueño de los justos.
En comparación a otros países sudamericanos, los policías y militares tienen los sueldos más bajos. En Brasil, un suboficial de tercera gana el triple de lo que percibe un suboficial peruano en el mismo rango, mientras que en Ecuador gana el doble.
Según algunos especialistas, este desbalance marca la diferencia del comportamiento y la mística de policías y militares peruanos, en comparación a los de otras naciones.
En cuanto a las pensiones, se ha dicho que una de las causas del quiebre de la Caja es el bajo aporte de sus socios y del Estado. En Colombia, la tasa de pensión es del 27%; el 19% lo aporta el Estado y el 8% el pensionable. Del mismo modo, en Chile el aporte equivale al 26% y el Estado contribuye con el 19% del total.
En el Perú, la situación es distinta, pues mientras el policía o militar puede aportar solo el 6% a causa de los bajos salarios, el Estado entrega la misma cantidad sin importar la mala situación económica en la que se encuentra este sistema de pensiones.
La Caja de Pensiones Militar Policial es dueña de la mayoría del accionariado del Banco de Comercio.
Con el aumento progresivo de remuneraciones que ha anunciado el Gobierno, se dice que también se incrementará la tasa de pensiones del 6 al 12% para el aportante. Aquí, nace otra contradicción, pues el monto designado como aumento se reducirá por el alza de la contribución previsional. Quiere decir que pasaría desapercibido el incremento salarial en el recibo de pago de los policías y militares.
Deudas impagas
Para el ex congresista Javier Diez Canseco, los gobiernos de Alejandro Toledo y Alan García son los responsables de la debacle de la Caja. Ambas administraciones estaban al tanto de las malversaciones que se hicieron con los fondos de esta entidad, empero, no tomaron cartas en el asunto y dejaron pasar el tiempo.
De otro lado, ninguno de los dos mandatarios puso énfasis en los cobros de las deudas que muchos empresarios tienen con la Caja. Tal es el caso de la compañía Molinera Iquitos S.A., de propiedad del padre y los tíos de María Giulfo Suárez, que en 1991 obtuvo un préstamo de más de tres millones de dólares de la Caja. El crédito se refinanció el 26 de enero de 1994, empero, cuatro meses después, la compañía se declaró en insolvencia.
Esta y otras deudas son las que dejó por cobrar la administración de la Caja que actúo al amparo de Vladimiro Montesinos y que hasta el momento no han sido canceladas.
Pedraza denuncia, además, que se pretende vender el Banco de Comercio –cuyo accionista principal es la Caja- a la mitad de su precio. Una actitud que, según manifiesta, se parece a la que tomó Montesinos en los años que estuvo al mando de esta entidad.
Posibles soluciones
Entre las soluciones para salvar la Caja, los pensionistas plantean el cobro de las deudas que las empresas privadas y el Estado mantienen, además de incrementar los aportes, previo el aumento escalonado de las remuneraciones de los militares y policías, considerando que actualmente un general gana siete veces más que un suboficial.
Descartan que la eliminación de la “cédula viva” sea la solución para salvar la Caja y consideran que la pensión renovable es un derecho que tienen todos los policías y militares por el riesgo que corren en el cumplimiento de sus funciones.
Mientras prosigue, este explosivo tema sigue latente. Se dice insistentemente que en pocos años, o tal vez meses, la Caja estaría imposibilitada de pagar las pensiones de los 33 mil 940 efectivos retirados, un alto costo social que, tarde o temprano, el Estado tendrá que asumir.
Más sobre la Caja
• La propuesta de eliminar la “cédula viva” está en manos de la Comisión de Presupuesto del Congreso de la República.
• Este tema se debatirá en noviembre, junto a la Ley de Presupuesto.
• El 21 de febrero de este año se creó la Comisión de Alto Nivel con el objetivo de reestructurar las remuneraciones de militares y policías.
• La comisión fue presidida por Javier Velásquez Quesquén y tenía un plazo de seis meses para presentar su propuesta.
• La Caja tiene varias unidades de negocios, entre ellas, el negocio inmobiliario y el Banco de Comercio.
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