domingo, 21 de septiembre de 2014

LA DESATINADA Y NADA POLÍTICA RESPUESTA DE MARCOS MIYASHIRO QUE ROMPIÓ UNA ANTIGUA AMISTAD



Esta vez haré caso omiso al consejo de Santiago Ramón Cajal quien aconsejaba que de todas las reacciones posibles ante una injuria , la más hábil y económica es el silencio y haré algunas reflexiones acerca de una entrevista que dio hace poco , Marcos Miyashiro , otrora mi amigo, a un periodista del diario Correo .


El 20 de setiembre 2014, el diario Correo, un “ hijo putativo” del Grupo EPEMSA,   grupo poderoso, tanto económico como mediático, liderado por El Comercio, quien  ha logrado engullirse, poco a poco,  a las mayoría de diarios del país con un apetito tan voraz que dentro de poco ellos serán los únicos  referentes de la opinión pública , publicó la entrevista que le hizo a Marcos Miyashiro , quien me acompañó varios años en la lucha contra el teporrorismo en la Dincote.

Esta entrevista la dio Marcos Miyashiro al diario Correo en su condición de político,  actual candidato a Regidor por la lista de Fuerza Popular cuya cabeza es  Sánchez Aizcobe- actual alcalde de La Victoria con permiso -  quien no remonta el 2% en las últimas etncuestas  y como ex integrante de la Dircote y ex compañero de Benedicto Jiménez.

En una parte de la entrevista, el periodista le hizo  varias preguntas relacionadas a la situación de Benedicto Jiménez , su ex compañero:

Cambiando de tema, su ex compañero Benedicto Jiménez cambió de rumbo y ahora es vinculado con la corrupción y hasta está prófugo. ¿Debería entregarse?

Él (Benedicto Jiménez) tiene que ponerse a derecho, esa es una obligación de toda persona. Sin embargo, quiero dar fe que en los años que estuvo en actividad me dio muchas muestras de honestidad, de entrega, de vocación de servicio a nuestro pueblo; lo que haya hecho luego es otra cosa.

¿Cree que se equivocó al relacionarse con Rodolfo Orellana?

Sí, lastimosamente en estos últimos años asumió un camino errado y se ha juntado con personas no recomendables, y cuando hemos tenido la oportunidad de conversar con él, al parecer no hizo caso.

¿Qué conversaba con Benedicto Jiménez?

Le decíamos la frase: "Dime con quién andas y te diré quién eres", pero verdaderamente no quería escuchar consejos y esa fue su decisión personal.

¿Cree que terminará preso?

A las finales, la justicia dicen que tarda pero siempre llega.

¿Benedicto ha dejado mal a la Dircote?

Sí. Es una vergüenza para la Dircote, imagínese una familia donde el padre se percata que su hijo es delincuente, hay un dolor interno. Que alguien que hace un bien en la lucha contra el terrorismo se vea involucrado en estos actos (como la red mafiosa de Rodolfo Orellana) es una vergüenza.

¿En qué momento se dieron cuenta de que Benedicto tenía fuertes vínculos, más que amicales, con Rodolfo Orellana?

Nosotros, los que lo conocemos, nos dimos cuenta claramente que su relación con Orellana era fuerte porque en el tenor de sus publicaciones, a través de la revista Juez Justo, ponía demasiado acento y énfasis en defenderlo y acusar a uno y otro, hasta llegaba hasta los insultos contra sus opositores.

Como producto de esta entrevista, el periodista a grandes titulares publica lo siguiente  : 

General PNP (r), Marco Miyashiro: "Benedicto Jiménez es una vergüenza para la Dircote".

Al enterarme de esta noticia , sentí que una espada gélida me atravesaba el corazón,  ese  “Viejo Guerrero “ que aún no claudica y que  en el infortunio y la adversidad se hace cada vez más  fuerte, no obstante la vida de sobrevivencia y clandestinidad en  que se encuentra  sometido porque en nuestro dulce y amargo país,  en cuestión de justicia,  primero te meten a la  cárcel con una medida cautelar que se denomina prisión preventiva y luego intentan probar tu culpabilidad  , lo que viene a ser lo aberrante en la aplicación del Nuevo Código Procesal Penal .

Así que esto justifica la actitud de muchos procesados de ponerse a buen recaudo antes de permitir que sea enviado a la cárcel , mientras se prueba su culpabilidad o inocencia.

Mientras me mantengo  en la  clandestinidad,  tratando  de mostrar mi inocencia como director de un semanario y radio en internet abocado a luchar contra la injusticia, la corrupción y el abuso del poder, en medio de una campaña sistemática montada por la “prensa carroñera” que  trata de demostrar que la revista, el programa radial en Internet y el semanario Juez Justo- destruido el 1 de julio 2014 por la fiscalía y la policía- era un aparato atemorizante, extorsionador, que causaba zozobra y temor en la población,  aparece esta noticia  de la entrevista que dio Marcos Miyashiro ,  a quien consideraba hasta la fecha un amigo sincero , leal y a quien  siempre le ofrecí una amistad sincera , afecto y apoyo en su ascenso profesional como policía .

Recuerdo aquella vez – no sé si en el año 1990 o 1991-  cuando el General Fernando Reyes Roca, Director de la Policía Técnica, feliz de los resultados exitosos que venía  dando el GEIN,   se acercó a mi oficina ubicada en el tercer piso del EDICOPIP,   y me dijo que me había considerado para el ascenso a comandante ya que existía una sola vacante – era la primera vez que me presentaba-.

No dudé , como un gesto de sincera amistad, de decirle que se olvide de mi ascenso si no ascendía también el mayor Marcos Miyashiro .

Se enojó sobremanera pero al final colocó en la lista de ascenso a comandante a  Marcos .

Estos son los  gestos de un verdadero amigo que se sacrifica por el otro y nunca duda ni siente temor de demostrarle su afecto y lealtad , hasta en los momentos más trágicos o de infortunio .
 
También recuerdo cuando  era asesor del ex ministro del Interior , Fernando Rospigliosi, en el  año 2001, le sugerí que Marcos Miyashiro sea  cambiado de Ica al Ministerio del Interior para que esté en un puesto de mayor expectativa debido a que se acercaba los ascensos a generales . Esta movida le sirvió para asegurar su ascenso a general cuando fue ministro del Interior Gino Costa.   

A Marcos, siempre le he demostrado  amistad  sincera, confianza , lealtad   y estoy seguro que si por  azar del destino,  es cogido  por esos reveses de la vida e infortunios, de los cuales ningún humano está libre, hubiese estado a su lado como amigo ,  jamás desconfiará de él , porque sabemos los  principios e ideales que siempre nos han guiado desde el Alma Mater y él conoce que no tengo más riqueza que mi reputación ,  un departamento en San Borja comprado después de mi estadía cuatro años en Panamá como agregado policial en el año 1998 y una camioneta comprada en base a prestamos y la venta de un antiguo automóvil de comando . 

Cuando lo coja el infortunio y la adversidad- algo tan usual en nuestro país en donde de la noche a la mañana puedes pasar de  héroe a villano y viceversa - nunca hubiese dicho los desatinos que dijo o que la Dircote siente vergüenza  ya que sería una expresiones un tanto desatinadas y nada políticas .


Prácticamente, con sus respuesta ,  Marco Miyashiro, me ha hecho perder la  ilusión en la amistad y tendré que borrarlo de mi agenda de amigos , a partir de la fecha .

Quiero consolarme pensando que tal vez lo sorprendió el periodista quien le puso pusieron las respuestas en la boca y no supo darle una respuesta atinada, política e inteligente , quizá por su inexperiencia en política .Bastaba una respuesta en el sentido de que él por su religión no se alegraba de las desgracias de sus amigos y que esperaba que un proceso penal con las debidas garantías lo encuentren inocente o culpable. Eso se lo dejaba a la justicia .

-Marcos Miyashiro, a quien conozco desde la antigua escuela de la ex Policía de Investigaciones- ya me procesó o juzgó y   me sentenció , sin darme el beneficio de la duda o sin tomar en cuenta que existe un principio constitucional que es la presunción de inocencia , mientras no se pruebe la contrario a través de un proceso penal con las debidas garantías para demostrar tu culpabilidad , por lo tanto, toda persona es inocente hasta que no exista una sentencia firme y consentida y debe ser tratado como tal .

Lo paradójico es que ni siquiera mi archienemigo, Ketin Vidal, nunca tuvo el  desatino de decir que Benedicto Jiménez era una vergüenza para la Dircote y condenarme antes de una sentencia , porque cuando una periodista le preguntó sobre mi situación –  estaba detenido los 15 días en DIVILA- DININCRI- respondió de manera atinada- aunque sea un tanto hipócrita – que  su religión no le permitía alegrarse de las desgracias de las personas .
Pero , parece que Marcos , a quien consideraba uno de los pocos amigos que me quedaban, no tuvo el tino ni la habilidad política para responderle  al periodista de Correo cuando le preguntó si " Benedicto Había dejado mal a la Dircote ".

La Dirección Nacional de Terrorismo, el Grupo de Inteligencia –GEIN, están fuera de este contexto y la historia de la pacificación nacional no se puede cambiar, todo está escrito y aún existen geines vivos que pueden dar testimonio de esas páginas gloriosas que culminaron con la captura de Abimael Guzmán . Ellos saben quién es quién y qué rol tuvieron todos los que conformaron el GEIN. Si no lo dicen ahora, tal vez sea por cálculo político o temor .

Así que, Marcos, la Dircote  no tiene porque  sentirse avergonzada  de mi, porque el GEIN , de quien tuve la suerte de ser su fundador y jefe operativo ,  con  las  operaciones de inteligencia que llevamos a cabo, pasó a la historia  como una de las unidades anti terroristas más brillantes de la historia mundial en la lucha contra el terrorismo .

En cuanto a que en la revista Juez Justo le poníamos demasiado acento y énfasis en defender a Orellana y acusar a uno y otro , hasta se llegaba a los insultos contra los opositores , tú sabes y conoces qué cosa era Juez Justo porque una vez me solicitaste que apoye a un comandante Jorge Perez Llanos , ex GEIN, cuando  que estaba siendo procesado por una denuncia injusta , tomé su caso, lo defendí, hicimos conocer la injusticia que se cometía contra él en un programa de Juez Justo y en la revista ,  lo entrevisté y se logró revertir su situación de tal manera que fue declarado inocente de todo cargo .

Ahora , me place ver que dicho comandante es coronel  y está encargado de la lucha contra el crimen en uno de los  lugares más violentos norte del país.

Tampoco debes olvidarte cuando te entrevistaba en el  set de Juez Justo para conversar temas de seguridad ciudadana y terrorismo .  

Eso era Justo Justo, un semanario que luchaba contra la injusticia y el abuso del poder y del cual nunca me sentiré avergonzado de haber sido su director desde inicios del 2011.

Finalmente, te deseo suerte en tu carrera política y ojalá que cuando te pregunten sobre mi persona, antes de responder, pienses lo siguiente: "La comodidad y prosperidad nunca han enriquecido el mundo tanto como la adversidad y que del  dolor y los problemas han surgido las canciones más bellas y las historias más conmovedoras".


lunes, 15 de septiembre de 2014

GRACIAS CUARTO PODER POR EL ERROR GARRAFAL DEL DOMINGO 14 DE SETIEMBRE 2014.

lunes, 15 de septiembre de 2014


“ La invencibilidad depende de uno mismo, la vulnerabilidad del enemigo depende de él”

(Sun Tzu.-El Arte de la Guerra)

El domingo 14 de setiembre, el programa Cuarto Poder del Canal 4, difundió un especial sobre los objetos y documentos que se supone encontrados por la  fiscalía y la policía el 1 de julio 2014 -  el acta de registro domiciliario nunca fue firmado ni se le hizo participar al Gerente de Juez Justo que estaba detenido horas antes-  en el inmueble donde funcionaba la empresa de comunicaciones Juez Justo , de la cual era  Benedicto Jiménez el Gerente  y , a la vez, director del semanario del mismo nombre.


Una vez más se demuestra que este tipo de reportajes son parte  de una sistemática campaña difamatoria de una parte de la prensa conocida como “prensa carroñera” que no tiene miramientos algunos en vulnerar la reserva   y el secreto de la investigación preparatoria, lo único que buscan es sembrar dudas levantando   infundios y mentira con la finalidad de levantar rating y presionar a los fiscales y jueces que tiemblan ante sus publicaciones tendenciosas.

Es importante dejar de lado el apasionamiento y analizar este reportaje desde diferentes ángulos, principalmente, el  psicosocial y la estrategia  legal, tomando en cuenta de que este  caso está en la etapa de investigación preparatoria a cargo del Ministerio Público y  que según el Art. 321 del Nuevo Código Procesal (NCPP),  en esta etapa ( Investigación preparatoria) , la  fiscalía busca reunir los elementos de cargo y descargo que le permitan decidir si formula o no acusación contra el imputado y determinar si la conducta incriminada es delictuosa, las circunstancias y móviles de la perpetración, la identidad del autor o partícipe y de la víctima, así como la existencia del daño causado. Para el imputado esta etapa significa preparar su defensa.

Pero, según el Artículo 324 del NCPP, la investigación que se practica en la etapa de investigación preparatoria debe ser reserva y el fiscal, incluso, puede ordenar que alguna actuación o documento se mantenga en secreto ; entonces, ¿ Cómo se e xplica de que el domingo 14 de setiembre, un medio de prensa difunda imágenes de una   grabación audiovisual que hizo la fiscalía durante el allanamiento y registro domiciliario  en la sede de la empresa Juez Justo  los días 1 y 2 de Julio 2014 ?

Al final del reportaje, el periodista presentador Raúl Tola, parece que se da cuenta de este detalle y para curarse en salud hace el comentario de que las imágenes se han retransmitido porque ya se había hecho el deslacrado, lo cual era falso, porque recién el deslacrado se va a realizar a fin de mes .

 Este reportaje , estuvo motivado por un afán insano de dañar el honor y la reputación de las personas, porque no hay nada probado, incluso,  el imputado Benedicto Jiménez ha pedido la nulidad de las actas de registro domiciliario por haberse realizado vulnerando el debido proceso y las garantías constitucionales .

Pero constituye  desde el punto de vista de la estrategia legal un error que puede ser aprovechado por la defensa del imputado para pedir  la nulidad absoluta de la grabación audiovisual , como prueba documental ya que hasta el  momento , este tipo de actos solo son eso, actos de  actuación fiscal ,  aún no tiene la naturaleza o  el carácter de prueba .

Tal vez desde el punto de vista como psicosocial, ha logrado su objetivo porque el  ciudadano común, sobreviviente de estas tierras donde nació el “”Cholo sano y sagrado”, que se alimenta de primeras impresiones y apariencias que le vende la prensa “carroñera” , se deja llevar por lo primero que escucha o ve y este tipo de reportajes les  refuerza la idea o percepción de que en dicho inmueble funcionaba  una organización criminal que se dedicaba a falsificar documentos ( mostraron varios sellos de autoridades y municipalidades que nadie sabe de dónde fueron sacados) o que eran  bunker en donde se realizaba inteligencia o recopilaba información sobre autoridades o personalidades ( cuando muestran expedientes penales de querellas forrados de papel lustre amarillo)  o que se investigaba a la  llamada “Princesa”, la Procuradora de Lavado de Activos, Julia Amelia Príncipe Trujillo, una funcionaria pública que se ha convertido en la  vedette porque le gusta dar entrevistas como sucedió en el reportaje en donde se despachó a su anchas contra la revista Juez Justo que la investigado por sus vínculos con un ex alcalde de la provincia de Huari que estuvo investigado por lavado de activos .

Es indudable que como psicosocial el  reportaje cumplió su objetivo. Comprensible también en que pocos entienden de estrategia ; más aún, de estrategia legal ..

Pero , aquel  que tiene alguna noción de estrategia legal, fácilmente se da cuenta que este reportaje es una gran oportunidad  para el imputado porque existe un error garrafal cometido al difundir una información que se supone , debía mantenerse en reserva porque se está en la etapa de investigación preparatoria .

Las imágenes han sido extraídas de una grabación audio visual que aún no ha sido sometido a una acta  de visualización y transcripción de su contenido con presencia de las partes para que se garantice la controversia.

Como no todos los fiscales son estúpidos, estoy seguro que muchos se han dado cuenta de este error y  están preocupados de la reacción de la parte imputada ; los otros fiscales aún no aprenden a ser pesquisas o suplir  el rol del antiguo juez instructor con el Nuevo Código Procesal Penal .

Entonces, desde el punto de vista de la estrategia legal, se debe explotar este error que se evidencia cuando al  final  del reportaje , el ingenuo periodista  Raúl Tola , que acompaña a la hermosa  Sol Carreño – a pesar de los años - hace el comentario de que  la información que se difundió en el reportaje es  porque  ya se había realizado el  “deslacrado”, lo cual era  completamente falso. La fecha para el deslacrado fue reprogramado del 3 de setiembre al 30 de setiembre  2014.

Este craso error ( difundir una información que se suponer reservada) es una gran oportunidad que no se debe  desaprovechar porque si  bien toda persona es susceptible de ser investigada, debe tomarse en cuenta que para ello deben concurrir dos elementos esenciales: que exista una causa probable y una búsqueda razonable de la comisión de un ilícito penal .

¿Desconocía de este detalle los periodistas de Cuarto Poder?

Se está llevando a cabo una investigación que estaba en la etapa de investigación preparatoria  y  sin lugar a dudas,  la información propalada por el programa Cuarto Poder  es  tendenciosa y   lesionaba  la presunción de inocencia   ; además ,  deja  entrever que se ha vulnerado la reserva de la investigación[1] y la prohibición de publicar las actuaciones procesales ;  prohibiciones que se manera expresa eran señalados por el Código Procesal Penal . Recordemos algunas normas sobre el particular en el NCPP. El  Art. II del Título Preliminar del NCPP se refiere a la presunción de inocencia señalando que toda persona imputada de la comisión de un delito debe ser tratada como tal, mientras no se demuestre lo contrario y se haya declarado su responsabilidad mediante sentencia firme debidamente motivada . Para ello se requiere suficiente actividad probatoria de cargo, obtenida y actuada con las debidas garantías procesales .

Muchas de las imágenes que se retransmitieron en el programa Cuarto Poder proceden   de la reproducción audiovisual que realizó la fiscalía en momentos del allanamiento y registro domiciliario efectuado en el inmueble donde funcionaba las oficinas de Juez Justo y se supone que los periodistas la habían obtenido de la misma fiscalía o de alguna de las partes que habían solicitado una copia de esta diligencia realizada por la fiscalía , sospechando que si la fiscalía no había soltado la reproducción audiovisual,  entonces , había sido la Procuradora de Lavado de Activos, Julia Príncipe Trujillo, quien sí pudo haber pedido una copia porque así lo permite el  Reglamento de Reproducción Audiovisual de actuación fiscal , aprobado por Resolución de la Fiscalía de la Nación N°° 729-2006-MP-FN del 15 de junio 2006.

Este reglamento menciona que las partes pueden pedir copia de la grabación audio visual y ésta la entrega   secretario , dando fe de su contenido , previo pago de la tasa , adoptando las medidas que permitan individualizar  y preservar su contenido conforme a las directivas de la materia.

Es  lógico presumir que la fiscalía o la procuraduría son quienes han entregado copia de dichas imágenes a la prensa sin pensar las consecuencias que iba a traer para la validez de las actuación procesal y la validez de las pruebas , porque se supone que la grabación audiovisual , hasta esos momentos no constituía un medio probatorio[2], primero había que privilegiarlo como tal a través de la realización de una diligencia que se conoce como visualización y transcripción de su contenido contando con la presencia de las partes y,  luego , solicitar al juzgado de investigación preparatoria que admita como prueba la grabación , conforme al Art. 155 ( actividad probatoria), inciso 2° y 4°, en donde menciona que las pruebas se admiten a solicitud del Ministerio Público o de los demás sujetos procesales , y el juez decidirá su admisión mediante un auto especialmente motivado y excluirá aquellas pruebas que no son pertinentes y prohibidas por la ley .

Entonces: ¿Cuál  fue la intención de proporcionarle información reservada a un medio de comunicación?

Si lo hizo  de manera consciente   la fiscalía , considero que ha sido una estupidez y   muestra clara de la subordinación de esta institución del Estado de manera  escandalosa  a la presión mediática de la prensa  buscando que con publicación de esta información sirva de presión e intimidación  a los magistrados .

Si fue una de las partes que obtuvo copia de la grabación audiovisual- en este caso la Procuradora- el hecho tiene sentido porque por un lado satisface su afán de protagonismo o figuretismo , evidenciado cuando es a ella a quien el periodista a cargo del reportaje la entrevista y se despacha a sus anchas : que la documentación incautada y los sellos hallados demuestran que es una banda criminal , que  a ella la han perseguido y  acosado , que la llamaban “La Princesa”, etc.

En resumen, desde el  punto de vista de la estrategia legal,es una buena oportunidad para sacar ventajas y  aplicar la estrategia que se conoce como “aprovechar la oportunidad para  robar una cabra”,  que surge cuando se aprovecha un   error del enemigo para obtener una  ventaja propia.  El error estaba en  difundir una información que se supone reservada .

Así  que aprovechando este error, lo primero que se debe hacer es pedir la Exclusión del registro audiovisual como prueba documental ante el juzgado de investigación preparatoria, sustentado en que aún no se ha llevado a cabo la  diligencia de visualización y transcripción del registro audiovisual y ya salió al conocimiento de la opinión pública a través de un medio , asimismo, solicitar a la fiscalía la   nulidad absoluta  de la disposición que reprograma fecha para diligencia de deslacrado, apertura, verificación e inventario de bienes incautados en el inmueble sito en Guardia Civil N° 835 para fin de mes.Finalmente, colocarle  la cereza a la torta, presentar ante la Fiscalía de la Nación una queja contra la Fiscal Marita Sonia Barreto Rivera , titular de la Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Delitos de Lavado de Act ivos y Perdida de Dominio-Despacho B  por  vulnerar la reserva de la investigación preparatoria  y el principio de presunción de inocencia  con motivo del  reportaje periodístico publicado el domingo 14 de setiembre 2014  en  Cuarto Poder (Canal Cuatro ) .La queja se amparaba también en el  Art. 139 del NCPP( prohibición de la publicación de las actuaciones procesales cuando se está desarrollando la investigación preparatoria ).

Al final, todo depende del color con que se mira las cosas y los hechos de la vida.


EL ABOGADO INVESTIGADOR 



[1] El Art. 324 del NCPP se refiere a la reserva y el secreto de la investigación preparatoria y que solo se pueden enterar de su contenido las partes de manera directa o a través de sus abogados debidamente acreditado y en cualquier momento pueden obtener copias y estas copias solo son para uso de la defensa .o
[2] Según el Artículo 325 del NCPP , las actuaciones de la investigación sólo sirven para emitir las resoluciones propias de la investigaciones, son meros y simples actos de investigación, no tienen el carácter de acto de prueba . 

jueves, 11 de septiembre de 2014

SALUDOS POR EL 22 ANIVERSARIO DE LA CAPTURA DEL LIDER TERRORISTA, ABIMAEL GUZMÁN



HERMANOS DEL GEIN:



Estén donde estén, reunidos o en soledad, siéntase felices y honrados de haber sido escogidos por el destino para participar en esa gran hazaña histórica del 12 de setiembre de 1992, hace 22 años, que dividió la historia del país en dos: antes y después de la Captura del líder terrorista , Abimael Guzmán. Y, después de ese día, los peruanos pudimos vislumbrar un mejor destino con esperanza y fe y libre del terror de casi dos décadas en nuestra historia.

Estén seguros que esta fecha histórica trascenderá a todos nosotros, incluso a nuestros políticos de  hoy  que intentan borrar esta fecha o cubrirla de un manto de silencio , porque si nos proyectamos a cien años cuando todos seamos sombras y cenizas, ellos no serán recordados pero sí el 12 de setiembre de 1992, ligado eternamente al  15 de setiembre , Día de la Policía de Investigaciones, en recuerdo de ese "1509", que fue estampado en el pecho del líder terrorista como un sello imborrable .

Gracias a la gran hazaña realizada por hombres y mujeres policías del GEIN, imbuidos de ese espíritu especial – porque el GEIN es eso : espíritu , gran iniciativa , voluntad de vencer, audacia, inteligencia-,se logró  lo que parecía imposible : Desmontar el Emperador  aplicando el principio de “Vencer sin luchar”.

En la vida   siempre habrá reveses y frustraciones como parte de la experiencia vital . La hubo en los años de lucha contra el terrorismo y  muchas veces la audacia no es garantía de éxito , pero  quien prueba  a realizar algo y aparentemente fracasa -  todo fracaso o victoria tiene muchos matices-  se halla en mejor situación de aquel que no intenta nada .

Las personas siempre buscarán mundos nuevos y provocativos que conquistar , lo importante es amar la vida, y esta siempre agradecidos por ella, demostrar nuestro agradecimiento por las pruebas que nos pone la vida por procurar vivir de acuerdo a nuestras capacidades e ideales buscando la justicia .

Siéntese felices y agradecidos por ser parte de un hecho histórico que trascenderá a todos nosotros y brinden por ello , sin temores, sin resentimientos, sin dudas , imbuidos en ese gran espíritu que siempre ha sido y será el GEIN “Histórico”.

!Salud!

Abrazos

ACERO


viernes, 5 de septiembre de 2014

El uso abusivo y excesivo de la prisión preventiva en el Perú y en gran parte de los países de Latinoamérica.

domingo, 7 de septiembre de 2014

El uso abusivo y excesivo de la prisión preventiva en el Perú y en gran parte de los países de Latinoamérica.


Este es un tema preocupante, no solo a nivel internacional sino también nacional, pero para pocos que saben la diferencia entre prisión preventiva y la prisión punitiva. La mayoría de la población desconoce qué significa uno y lo otro y muchas veces la confunden .

Sobre el uso de la prisión preventiva en las Américas ,  existe  un frondoso y exhaustivo estudio de la Comisión Internacional de Derechos Humanos ( CIDH), volcado en un informe de fines del año pasado  denominado “ Informe sobre el uso de la prisión preventiva en las Américas “  en donde se refiere a  que entre los factores que inciden en el uso no excepcional de la presión preventiva están los desafíos  relacionados con la actuación de la judicatura, tanto aquellos que tienen que ver con el respeto a la independencia de aquellas autoridades encargadas de la aplicación de la prisión preventiva, como de aquellos relativos a otros aspectos de la práctica judicial.

En el  Informe sobre el Uso de la Prisión Preventiva en las Américas la CIDH hace un análisis de la situación general del uso de a prisión preventiva en la región; identifica desafíos comunes; presenta, tanto información oficial aportada por los Estados, como información generada por otros actores involucrados; y reafirma los principales estándares internacionales en la materia.

El informe menciona que uno de los factores relevantes que inciden en que la prisión preventiva no sea utilizada excepcionalmente y de acuerdo con su naturaleza cautelar la constituye  las  injerencias sobre las autoridades judiciales directamente encargadas de decidir acerca de la aplicación de esta medida debido a las deficiencias  estructurales y flaquezas de los sistemas judiciales de muchos países de la región.

En los hechos, estas presiones o injerencias provienen fundamentalmente de tres sectores: los altos  funcionarios de otros poderes u órganos del Estado, que ante los reclamos sociales o por motivaciones de otra naturaleza mantienen un fuerte discurso punitivo, en ocasiones acompañado de medidas de presión concretas hacia los operadores de justicia, las cúpulas de los poderes judiciales que muchas veces hacen eco del mensaje que se transmite desde el poder político y los medios de comunicación social y la opinión pública .
Entre los obstáculos que enfrentan los operadores de justicia en la región cuando se trata de aplicar esta medida cautelar es por las  deficiencias de orden institucional en cuanto al aseguramiento de la función judicial y   la fragilidad en el poder judicial de algunos Estados  que se   manifiesta, tanto en las injerencias en éste por parte del Poder Ejecutivo, como en el régimen de provisionalidad indefinida en que se encuentran gran cantidad de jueces y juezas, así como en la posibilidad de que su nombramiento sea sujeto a una confirmación posterior, o bien, a una reelección en su cargo( CIDH. Segundo Informe sobre la Situación de las Defensoras y los Defensores de Derechos Humanos en las Américas, OEA/Ser. L/V/II. Doc. 66, adoptado el 31 de diciembre de 2011).  

La CIDH, en el  marco del seguimiento que realiza sobre la situación de los operadores de justicia en la región , identifica claras injerencias de los titulares de los poderes ejecutivos sobre el poder judicial a través del control de la administración de justicia o de las oficinas de control interno, como es en el caso del Perú .

Los jueces son intimidados y sufren del termo mediático


Pero lo que es evidente es que detrás de las presiones ya sea de las autoridades del Estado o de los medios  existen intereses  políticos  que motiva a los medios de comunicaciones a orientar las decisiones de los jueces en un sentido o en otro; o intereses de otra índole por lo que los   jueces  sufren del  temor mediático, cuando un juez tiene que adoptar una decisión respecto de la libertad de una persona y el caso es levantado mediáticamente en los medios ,  el juez se siente presionado y tiene temor mediático , por lo que opta o  prefiere hacer lo que en ese momento están pidiendo los medios de comunicación..

 Es claro que los jueces le tienen temor a los medios y prefieren que el contenido de las decisiones judiciales sea el que éstos piden y no lo que resulte de una valoración probatoria.

 Este tipo de presiones se producen por lo general en un contexto o clima  definido por una tendencia  social a asociar la condición de procesado con la de detenido, según la cual en muchos casos basta con que la policía  o la fiscalía señale a alguien como culpable para que se le tenga como tal y,  en consecuencia, se exija su detención, siendo la propia inseguridad ciudadana (más la percibida que la real) un factor que contribuye que a esta visión se consolide, asimismo, la  falta de políticas institucionales que protejan la independencia judicial y respalden a los operadores de justicia y por una cultura  jurídica en la que, a pesar de algunos avances a nivel normativo, los derechos humanos y en particular el derecho a la presunción de inocencia tienen en ocasiones un lugar muy restringido.

En este escenario, los medios de comunicación cumplen un doble papel :  Por un lado , multiplican el discurso de aquellas autoridades que proclaman la necesidad de una aplicación más estricta de la prisión preventiva, y por otro, generan por sí mismos elementos que alimentan esa postura.

La CIDH en su informe sobre el uso – que debería ser el maluso- de la prisión preventiva en las América,   trae a colación lo que sucedía en México – algo parecido en el Perú – en este tipo de presiones provenientes de altos funcionarios de otros órganos del Estado hacia el Poder Judicial, en donde  los presidentes de la República tienen  la práctica de criticar públicamente a los jueces que actúan  en determinados casos de alto perfil mediático.

En México, el presidente en sus   pronunciamientos asemejaba  “impunidad” a  la excarcelación por parte jueces estatales y federales de personas detenidas por autoridades federales, obviando deliberadamente el hecho de que tales decisiones judiciales no constituían una determinación definitiva en esos procesos.

El primer funcionario del Estado mexicano llegó a manifestar públicamente:  “No es que  yo traiga algo contra los jueces, los aprecio, pero uno se cansa… Ahí hay un lío con impunidad, dicen que puede ser en nuestros órganos (la Procuraduría General de la República o la Policía Federal), pero yo creo que el Poder Judicial, local y federal, tiene mucho que mejorar en este aspecto”.

En nuestro país, algo similar pasa con el presidente Ollanta Humala, en el caso de Benedicto Jiménez , cuando le fue convertida el pedido de prisión preventiva por la de comparecencia restringida, salió a los medios y dijo que se sentía muy preocupado por la decisión judicial . Era una señal de que los jueces superiores debían enmendar la plana de la juez de investigación preparatoria, como sucedió .

Este es un claro ejemplo del tipo de mensaje político que contribuye a construir una percepción pública de impunidad mediante el argumento de una “puerta giratoria” (la policía detiene a los delincuentes y los jueces los dejan en libertad), y envía un mensaje político por medio del cual pretende trasladar la responsabilidad de la criminalidad al Poder Judicial.  

Otras presiones son a  través de los órganos de control disciplinario con la intención de sancionar a los  jueces que se  consideran  no han sido lo suficientemente estrictos en sus decisiones respecto de la libertad de personas procesadas penalmente.

En este sentido, aunque numéricamente sean pocos los jueces sancionados –por procesos disciplinarios, penales o juicios políticos– la existencia de procesos abiertos a jueces o fiscales por no haber aplicado la prisión preventiva produce un efecto “aleccionador” de amenaza general entre los operadores de justicia.

Para quien lo sufre directamente ello implica un desgaste mayor, pues debe encarar la tarea de su propia defensa, por lo general en una condición de soledad y aislamiento dentro de la institución.

Esto tiene su contraparte en el hecho de que es insólito que a algún juez se le sancione por haber dictado un auto de detención preventiva cuya procedencia legal o necesidad sean cuestionables.

Aunado a lo anterior, se observa que en ocasiones los altos funcionarios de los órganos judiciales , del  Ministerio Público o de la Procuraduría Pública ,    fuera de sus funciones, se dedican sistemáticamente a emitir opiniones y criterios en los medios de comunicación  relativas a asuntos específicos de la investigación fiscal o de la administración de justicia, incluso, facilitan información de carácter reservado o secreto a los medios vulnerando el debido proceso y el principio de presunción de inocencia .

En el Perú, esta actitud se observa con los fiscales y la Procuraduría Pública que salen a los medios , adelantan opiniones , e incluso les filtran información de carácter  reservada con la intención de presionar a los magistrados valiéndose de los medios de comunicación , marcando una  pauta o línea de criterio muy clara para los jueces de rango inferior.

Estos elementos contribuyen a crear un contexto en el que fiscales y jueces pueden encontrar que lo más aconsejable, para sus propios intereses es hacer lo que se espera de ellos, aunque nadie se los haya pedido directa o expresamente.

La CID se refiere a que en este aspecto ,  se ha documentado, por ejemplo, que en Perú la Oficina de Control Interno de la Magistratura (OCMA),   encabezada por un miembro de la Corte Suprema, se había dedicado a emitir anuncios públicos de apertura de procesos disciplinarios, en contra de jueces que no han impuesto la prisión preventiva o que han concedido liberaciones condicionales.

 La CIDH reconoce la importancia de la participación de los jueces en el debate jurídico general, así como en temas más específicos; sin embargo, reitera lo ya expresado por el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de los magistrados y abogados, en el sentido de que “como tal, los jueces deben preservar la dignidad de sus funciones y la imparcialidad e independencia de la judicatura..

Estas formas de presión , si bien no constituyen delito ,  igualmente socavan el estado de derecho y la independencia judicial.

Indudablemente, los funcionarios y autoridades públicas tienen derecho a la libertad de expresión al igual que el resto de los ciudadanos; sin embargo, sus declaraciones públicas no deben ser de tal naturaleza que afecten el normal desenvolvimiento de las instituciones públicas.

Desde le punto de vista de los órganos del Estado no puede haber presiones, cualquier forma de presión es una injerencia en el quehacer de los jueces que afecta la calidad del estado de derecho.

 A este respecto, la Comisión reitera el principio fundamental de que la observancia eficaz de los derechos humanos requiere la existencia de un orden jurídico e institucional en el que las leyes son más importantes que la voluntad de los gobernantes, y en el que existe un equilibrio entre todas las ramas del gobierno.

 La independencia judicial es una garantía indispensable para hacer valerlos derechos de víctimas e imputados en todo proceso penal.

La CIDH ha considerado que “desde el punto de vista institucional, los juzgadores que hacen parte de la función jurisdiccional del Estado deben ejercer sus funciones sin ser objeto de injerencias indebidas por parte de los poderes ejecutivo y legislativo, las partes del proceso, los actores sociales y otros órganos vinculados a la administración de justicia.
Asimismo, la independencia judicial debe entenderse en un sentido positivo, como el deber de los Estados de garantizar de iure yde facto, que los operadores de justicia realicen sus funciones de forma independiente.

En nuestro país, como existe un endeble estado de derecho y los jueces no son tan independientes,  entonces, sale el ministro de Justicia ,  Daniel Figallo, manifestando  que se siente preocupado   por la decisión  de los jueces que optan por otras medidas que no sean la prisión preventiva  o sale  Presidente del Poder Judicial , llamándoles la atención a los jueces por no enviar a la cárcel aplicando la medida cautelar de presión preventiva a muchos denunciados , intimidándolos con enviarle la OCMA o sale el Presidente de la República mostrando su malestar o incomodidad por las decisiones de los magistrados , esperando que  los organismos encargados de la defensa, tanto el Ministerio Público como la Procuraduría, ejerzan las facultades que tienen para impugnar la  decisión judicial utilizando el derecho a una segunda instancia.


En resumen, la CIDH en su informe concluye lo siguiente:

Establece que   el uso excesivo de esta medida es contrario a la esencia misma del Estado democrático de derecho, que no admite que esa medida precautoria sea utilizada como una suerte de pena anticipada o justicia expedita sin juicio.

Reconoce el deber de los Estados de mantener el orden público y proteger del delito y la violencia a todas las personas bajo su jurisdicción. Sin embargo, los medios y métodos que se utilicen para el cumplimiento de estos fines deben ser congruentes con los derechos humanos internacionalmente reconocidos por los Estados y con los principios que inspiran una sociedad democrática. 

Además, en la absoluta mayoría de los Estados miembros de la OEA las personas en prisión preventiva están expuestas a las mismas o peores condiciones que las personas condenadas; sufren grandes tensiones personales como resultado de la pérdida de ingresos, y de la separación forzada de su familia y comunidad; y están expuestos al entorno de violencia, corrupción, insalubridad y condiciones inhumanas presentes las cárceles de la región. 

El uso excesivo de la prisión preventiva es un problema complejo producido por causas de distinta naturaleza: cuestiones de diseño legal, deficiencias estructurales de los sistemas de administración de justicia, amenazas a la independencia judicial, tendencias arraigadas en la cultura y práctica judicial, entre otras. 

Y al mismo tiempo, contribuye a agravar otros problemas ya existentes en la región, como los altos niveles de hacinamiento penitenciario.

El uso no excepcional de la prisión preventiva, además de generar serios problemas en la gestión penitenciaria, resulta sumamente oneroso para los Estados, y no es una medida que contribuya de manera exitosa a reducir los índices de violencia y criminalidad.

En lo esencial, la Comisión Interamericana reitera que la detención preventiva debe utilizarse de manera excepcional, y sólo con el objetivo de proteger los fines del proceso previniendo el riesgo de fuga o de entorpecimiento de las investigaciones. 

Además, de acuerdo con criterios de necesidad, proporcionalidad y durante un plazo razonable.

El informe puede encontrarse en la siguiente dirección :


Los eslabones rotos de la cadena de custodia informático forense de la fiscalía de lavado de activos en el caso Juez Justo .




  • La fiscalía de lavado de activos ha demostrado impericia e ineficacia en el manejo de la prueba documental informática en el Caso  Juez Justo y opta por acudir a la prensa “carroñera” para presionar a los jueces y asustar a la opinión pública en vez de preocuparse porque la   cadena de custodia  ha vulnerado todos los procedimientos técnicos   desde la recolección de los indicios materiales porque  no se implementó  un procedimiento con soporte teórico científico, metodológico criminalístico, estrictamente técnico y procesalmente adecuado.

  • El análisis desde el punto de vista de la ciencia policial , específicamente de la criminalística, para detectar los errores  garrafales de la Fiscalía  de Lavado de Activos en la cadena de custodia sobre los s indicios materiales relacionados con la prueba electrónica en el Caso de Juez Justo .


El 1 de julio del 2014, la fiscalía y la policía allanaron , realizaron el registro domiciliario e incautaron varias computadoras que eran utilizados por los redactores de la empresa de comunicaciones Juez Justo ego, consignando en el acta de registro domiciliario en cuanto a los equipos informáticos : " CPU, color negro, marca LG , con registro de inventario de la empresa 192.168.1.36-Muestra 5) , CPU, color negro , marca Samsung, Cybertel Snacker -Muestra 37 y Laptop, marca HP, Core 15, color plateada, PCIDOS7E1-Muestra 7.  Luego, estos equipos fueron envueltos, lacrados y trasladados a los ambientes de la fiscalía, almacenados durante toda la etapa de investigación preliminar y en la etapa de investigación preparatoria, la fiscalía ha dispuesto fecha para realizar el deslacrado , visualización e inventario, con presencia de las partes. Al Gerente de la empresa Juez Justo nunca se le hizo participar en la diligencia de registro domiciliario.  

Desde el punto de vista lógico , debemos preguntarnos si es  racional este procedimiento y si realmente  garantiza el  debido proceso en cuanto al manejo de la prueba documental informática.. 

 Después de tres meses del allanamiento, a fines del mes de setiembre, se llevará a cabo la diligencia de deslacrado  de dichos equipos para realizar un inventario de los mismo y después enviarlos ante la policía especializada para el examen forense informático .

Si queremos encontrar respuestas , necesariamente debemos profundizar en lo que se conoce como CADENA DE CUSTODIA  INFORMÁTICO FORENSE que se aplica a los indicios materiales o virtuales relacionados con un hecho delictivo o no , desde su localización hasta su valoración que tiene como fin asegurar la confiabilidad de la la prueba documental informática recolectada. 

Indudablemente que esta información y procedimientos en cuanto a la prueba documental informática no se encuentra en el Reglamento de cadena de custodia de elementos materiales e indicios que ha elaborado la Fiscalía de la Nación en el año 2006 y por parte de la policía, no se encuentra nada desarrollado en el campo de la ciencia policial respecto al manejo de la cadena de custodia cuando se trata de la prueba documental informática.

Desde el punto de vista de la ciencia policial , específicamente la criminalística que estudia los indicios y es componente de esta ciencia , analicemos si el procedimiento realizado por la fiscalía fue el más adecuado o más adelante puede ser motivo de nulidad absoluta o relativa por obtener pruebas sin las debidas garantías procesales .

Empecemos por estudiar qué significa cadena de custodia y si está bien dicho cuando el Nuevo Código Procesal Penal y el Reglamento de la Fiscalía de la Nación se refiere a elementos materiales e indicios .

El Nuevo Código Procesal Penal , en el Artículo 220 , inciso 2, se refiere a la  cadena de custodia cuando menciona que los bienes objeto de incautación deben ser registrados con exactitud y debidamente individualizados , estableciéndose los mecanismos de seguridad para evitar confusiones y alteraciones de su estado original . Igualmente se debe identificar al funcionario o la persona que asume la responsabilidad o la custodia del material incautado  y de la ejecución de la medida se debe levantar un acta que será firmada por los participantes del acto .

En el mismo artículo, inciso 5, se menciona que la Fiscalía de la Nación a fin de garantizar la autenticidad de lo incautado , dictará un reglamento correspondiente a fin de normar el diseño y control de la cadena de custodia , así como el procedimiento de seguridad y conservación de los bienes incautados .

Efectivamente, a mérito de lo anterior,  la Fiscalía de la Nación, elaboró un Reglamento de la Cadena de Custodia de elementos materiales , evidencias y administración de bienes incautados , aprobado por Resolución Nº 729-2006-MP-FN del 15.junio.2006 para regular el procedimiento de la cadena de custodia de los elementos materiales y evidencias incorporados a la investigación de un hecho punible y establecer y unificar procedimientos básicos y responsabilidades de los representantes del Ministerio Publico y funcionarios, a efecto de garantizar la autenticidad y conservación de los elementos materiales y evidencias incorporados en toda investigación de un hecho punible, auxiliados por las ciencias forenses, la Criminalística, entre otras disciplinas y técnicas que sirvan a la investigación criminal.

Pero, no se  sabe qué quiso decir el legislador  en el NCPP cuando se refiere a que la cadena de custodia es sobre los elementos materiales y evidencias encontradas en la escena en donde se investiga un hecho delictivo.

El  Artículo 7º del Reglamento elaborado por la Fiscalía de la Nación  conceptualiza la cadena de custodia como el procedimiento destinado a garantizar la individualización, seguridad y preservación de los elementos materiales y evidencias, recolectados de acuerdo a su naturaleza o incorporados en toda investigación de un hecho punible, destinados a garantizar su autenticidad, para los efectos del proceso y que las  actas, formularios y embalajes forman parte de la cadena de custodia. Asimismo, que la  Cadena de Custodia se inicia con el aseguramiento, inmovilización o recojo de los elementos materiales y evidencias en el lugar de los hechos, durante las primeras diligencias o incorporados en el curso de la Investigación preparatoria; y concluye con la disposición o resolución que establezca su destino final.  Repite el error de mencionar elementos materiales y evidencias del Código Penal .

Desde el punto de vista de la criminalística  , la cadena de custodia es un procedimiento controlado que se aplica a los indicios materiales que tiene relación con la prueba indiciaria relacionado con un hecho delictivo o no ,  desde su localización hasta su valoración por los encargados de administrar justicia y que tiene como fin asegurar la inocuidad y esterilidad técnica en el manejo de los mismos, evitando alteraciones, sustituciones, contaminaciones o destrucciones, hasta su disposición definitiva por orden judicial.

Por ejemplo, indicios materiales son las huellas dactilares  llamado también evidencia dactilar  que encontradas en la escena de un delito están relacionadas con el  inoportunidad que proyecta una indicio de presencia en el lugar del delito y de contacto de una persona en concreto con un objeto .

Otros indicios materiales son las huellas de sangre, los medios  , armas o instrumentos utilizado en la ejecución del crimen , manchas seminales,

El artículo 5° del Reglamento de cadena de custodia , elaborado por la Fiscalía de la Nación se refiere a que los elementos materiales y evidenciasson objetos que permiten conocer la comisión de un hecho punible y atribuirlos aun presunto responsable en una investigación y proceso penal. ¿ Es cierto esto?  Veamos .

No será que le estamos damos mucha importancia a los indicios materiales encontrados en la escena de un delito .

El hallazgo de una huella digital – indicio material – en la escena de un delito , ya sea en un objeto fijo o móvil, nos puede llevar al indicio de oportunidad en el que se proyecta un indicio de posible presencia en el lugar del delito y de contacto de una persona en concreto pero no podemos deducir que sea el culpable o responsable de dicho delito porque el objeto con la huella pudo haber sido llevada y dejada en dicho lugar para incriminar a una tercera persona. 

La preservación de la cadena de custodia sobre la prueba indiciaria criminalística, es cosa seria  y con el Nuevo Código Procesal Penal , le compete a la Fiscalía con el apoyo de la Policía Nacional ..

Por esta razón , el esfuerzo de elaborar un reglamento para   establecer mecanismos efectivos, eficientes y eficaces que permitan cumplir con dicha tarea a partir de métodos y procedimientos que aseguren la confiabilidad de la información recolectada debe ser reconocido pero el reglamento por su misma naturaleza , es bastante genérico y no especifica en detalle y con precisión cómo debe ser la cadena de custodia en cuanto al manejo de los indicios materiales que tienen relación con la prueba electrónica que debe encontrarse en los equipos informáticos hallados en la escena del delito .

El Reglamento de la Fiscalía de la Nación no es explícito en este sentido  por lo que existen se vienen presentado una serie de problemas en cuanto a la cadena de custodia relacionados a las instrumentos electrónicos y luego en la ejecución de los  análisis informáticos forenses a cargo de la policía especializada  quienes manejan estos indicios materiales después que ha sido alterados o manipulados sin seguir un procedimiento adecuado por los  primeros en llegar al lugar de los hechos .

La  cadena de custodia informático forense como un procedimiento controlado y supervisable, que se aplica a los indicios materiales o virtuales relacionados con un hecho delictivo o no, desde su localización hasta su valoración por los encargados de administrar justicia y que tiene como fin asegurar la confiabilidad de la prueba documental informática recolectada en un determinado lugar del hecho real o virtual desde su recolección hasta su disposición definitiva por orden judicial.

La prueba documental informática consiste en indicios digitalizados, codificados y resguardados en un contenedor digital específico. Es decir toda información es información almacenada (aún durante su desplazamiento por una red, está almacenada en una onda electromagnética). Es necesario diferenciar entre el objeto que contiene a la información (discos magnéticos, ópticos, cuánticos, ADN, proteínas, etc.) de su contenido: información almacenada y sobre todo de su significado.

La   prueba documental informática tiene componentes particulares diferenciativos que la tornan sumamente diversa a la hora de recolectar, preservar y trasladar la misma:

El   problema en cuanto al manejo de la prueba documental informática se viene presentando  con la fiscalía y la policía quienes por ser los primeros que  intervienen en el lugar de los hechos y descubren primero las pruebas electrónicas,  no reciben n la formación adecuada sobre el modo de tratar dichas pruebas  contenidas en los ordenadores y dispositivos de almacenamiento de datos electrónicos, ni sobre el modo de acceder a ellas y obvian el   riguroso procedimiento para  registrar, documentar, fotografiar, etiquetar y copiar cada una de las pruebas  electrónicas  , realizando una copia imagen  de ellas,  ajustado a los principios  reconocidos internacionalmente, con lo que se garantizaba que ninguno de los datos que contenían las pruebas decomisadas habían sido alterados, dañados o destruidos durante su manejo.

Por ejemplo, no elaboran un  protocolo de actuación para el tratamiento que los peritos deben darle a la  información de carácter confidencial que contienen los ordenadores incautados en cuanto a la  información confidencial  que no se  puede revelar el contenido de dichas informaciones, asimismo, no se observa que a cada  prueba instrumental se le dé un  número de referencia único para poder documentar la cadena de custodia con precisión y exhaustividad y qué pruebas  instrumentales deben ser  sometidos al examen forense y,  cuáles no ,   de   manera general proceden a individualizar un equipo informático  , sin verificar su estado actual  ,  sin realizar in situ la visualización y verificación de su contenido, acompañados con especialistas o expertos en informática, embalan todo el equipo , hasta los cables y mouses , para luego recién deslacrarlos o revisarlos en las oficinas de la fiscalía cuando los detenidos están en la cárcel  con la medida cautelar de prisión preventiva.

Eso es lo que ha pasado con los equipos informáticos incautados a la empresa de comunicaciones Juez Justo el 1 de julio 2014.

En la supuesta escena del crimen  - según la fiscalía de lavado de activos-  además de llevar a cabo el acta de registro sin la presencia del Gerente de la empresa Juez Justo y de su abogado , no obstante que ya estaba detenido dos horas antes-  nunca  accedieron  directamente a las pruebas electrónicas  ,  no realizaron  una  copia imagen de los datos , se dedicaron solo a  individualizar de manera genérica los equipos incautados , embalarlos y luego trasladarlos a sus oficinas , esperando que algún día se haga el deslacrado para luego ser enviados al examen forense informático.

La Fiscalía sin ningún criterio, procede a embalar y lacrar los equipos informáticos  sin señalar las  pruebas instrumentales de carácter informático que serán materia de análisis forense de manera precisa y detallada  (Descripción,  marca, modelo, número de serie , estado de funcionamiento de cada objeto)  que  debe analizarse desde el punto de vista forense, descartando lo que no tengan importancia o no tengan relación con el hecho objeto de investigación , sujetándose a los principios reconocidos internacionalmente para el manejo de pruebas electrónicas por parte de organismos encargados de hacer cumplir la ley .

Luego, llevados por una mala práctica, la fiscalía  decide deslacrar los equipos informáticos  que fueron trasladados a sus oficinas y guardados en un almacén  para luego enviarlos a la policía especializada para realizar la visualización de su contenido sin precisar a la policía , en este caso a la  División de Alta Tecnología de la PNP el objeto de tal examen , que se supone es un examen forense sin darles un protocolo de actuación o señalar el objeto de la visualización o examen forense .

Tampoco le dan las pautas  para llevar a cabo el examen forense , como por ejemplo , que deben utilizar  sus propios ordenadores portátiles, equipos y programas, como especialistas que son , para la  adquisición forense de los datos contenidos en las pruebas instrumentales de carácter informático incautados ; procedimiento que se  conoce en el ámbito de la informática forense como “imaging (obtención de imágenes forenses de datos). [1]

Recomendarles  que no  se debe iniciar (encender) el ordenador cuando un  usuario hace una copia de un archivo sí necesita encender el ordenador, independientemente del sistema operativo que se utilice porque al  encender el ordenador se producen modificaciones de ciertos datos del disco duro.

Que la policía determine  los  datos reales que contienen las pruebas instrumentales de carácter informáticos incautados e identificados ( marca , color, número de serie, lugar de hallazgo dentro del , inmueble, estado de funcionamiento , etc.) y que compruebe  si los archivos de usuario han sido modificados  , de algún modo,  el día 1 de julio 2014  a la fecha en que se realiza  el examen informático , después de llevar a cabo el deslacrado, apertura , verificación e inventario de los bienes incautados .
Que se analice  las  citadas pruebas de conformidad con los principios reconocidos internacionalmente para el tratamiento de pruebas electrónicas por parte de las fuerzas del orden.

Que para la  obtención de imágenes forenses de datos es necesario tomar unas precauciones específicas utilizando en lo posible  write blockers,con objeto de garantizar que durante ese proceso no se produzca ninguna modificación en la prueba instrumental original.

Al  terminar el análisis informático forense, decirles a los   especialistas que  deben concluir en lo siguiente :  La  cantidad de gigabytes de datos en forma de documentos, imágenes y videos que contiene la prueba instrumental incautada , la   fecha en que se incautó la prueba instrumental y fecha en que tuvieron acceso los especialistas para el análisis forense y si el   acceso a los  datos contenidos en la prueba instrumental de carácter informático decomisados  hasta el  momento en que recibieron y el momento en que entregaron se  ajustó a los principios reconocidos internacionalmente para el tratamiento de pruebas electrónicas por parte de los organismos encargados de la aplicación de la ley.  En términos sencillos implica establecer un mecanismo que asegure a quien debe Juzgar, que los elementos probatorios ofrecidos como Prueba Documental Informática, son confiables.

Es decir que no han sufrido alteración o adulteración alguna desde su recolección, hecho que implica su uso pertinente como indicios probatorios, en sustento de una determinada argumentación orientada a una pretensión fundada en derecho.
El juez debe poder confiar en dichos elementos digitales, por considerarlos auténticos “testigos mudos”, desde el punto de vista criminalístico clásico y evaluarlos en tal sentido, desde la sana crítica, la prueba tasada o las libres convicciones según sea el caso y la estructura judicial en que se desarrolle el proceso.

Desde la detección, identificación, fijación, recolección, protección, resguardo empaque y traslado de la evidencia en el lugar del hecho real o virtual, hasta la presentación como elemento probatorio, la cadena de custodia debe garantizar que el procedimiento empleado ha sido exitoso, y que la evidencia que se recolectó en la escena, es la misma que se está presentando ante el evaluador y/o decisor.

Subsidiariamente, pero a idéntico tenor, es importante considerar el significado implícito en los indicios recolectados, el valor que van a tener en el proceso de investigación, análisis y argumentación del cual dependen.

En dicho marco de referencia es que adquirirán su relevancia y pertinencia, de ahí la necesidad de evitar en lo posible la impugnación de los mismos en razón de errores metodológicos propios de cada disciplina en particular (no son idénticas la cadena de custodia de muestras biológicas que la que se corresponde con armas, o documentos impresos o virtuales).

Es por esta razón que existen componentes genéricos y componentes particulares en toda cadena de custodia.

Por ejemplo el realizar un acta de secuestro es un elemento genérico, pero el asegurar la integridad de la prueba mediante un digesto (Hash) sobre el archivo secuestrado es un elemento propio de la cadena de custodia informático forense.

En particular la cadena de custodia informático forense debe preservarse en todas las transacciones virtuales susceptibles de ser valoradas económicamente.

Cuando un banco realiza una transferencia de fondos o un consumidor adquiere un producto por medios virtuales (Internet entre otros) requiere de esa operación la misma confiabilidad que puede aportarle la cadena de custodia informático forense, es decir afecta en todo momento a la comunidad virtual y sus actores involucrados.

Al recolectar las pruebas, lo importante es el significado, el valor que va a tener en el proceso de investigación y por medio de la cadena de custodia, este valor va a ser relevante, debido a que no se va a poder impugnar, al haberse acatado el procedimiento.

Para que la prueba documental informática sea tenida por válida y adquiera fuerza probatoria ante el encargado de decidir a partir de la misma, es necesario que la misma sea garantizada respecto de su confiabilidad, evitando suplantaciones, modificaciones, alteraciones, adulteraciones o simplemente su destrucción (algo muy común en la evidencia digital, ya sea mediante borrado o denegación de servicio).

Los fiscales como directores de la investigación desde su etapa inicial tienen mucho que aprender en cuanto a la informática forense como especialidad dentro de la criminalística  y al parecer  el Caso Juez Justo es una ejemplo de múltiples eslabones rotos en una cadena de custodia que ha vulnerado todos los procedimientos técnicos porque desde la recolección de los indicios materiales ,  hasta su disposición final, no se implementó  un procedimiento con soporte teórico científico, metodológico criminalístico, estrictamente técnico y procesalmente adecuado.  

Si carece de alguno de estos componentes, la prueba documental informática recolectada no habrá alcanzado el valor probatorio pretendido.

Ahora, lo único que están haciendo los fiscales , es acudir a la prensa  “carroñera” para levantar mediáticamente los supuestos indicios materiales encontrados en la sede de Juez Justo y asustar a la opinión pública con noticias como se encontraron huellas digitales en sellos falsificados o listas de policías que eran parte de la red criminal .