La CPMP es una bomba de tiempo con la mecha encendida que puede explosionar cuando culmine el actual gobierno.
Se encuentra prácticamente en quiebra técnica e insolvencia económica y pronto dejara sin pensiones a un aproximado de 147 mil aportantes , entre policías y militares.
Mantiene un déficit anual que bordea los 87 millones de soles y nadie hace caso a las propuestas para mejorar la situación de la Caja, destacando entre ellas, la elevación en 15 % del aporte mensual que realiza el personal militar policial.
La CPMP empezó a tener obligaciones para el pago de pensiones a partir del 2005. En el primer año , no serán muy significativas, pero según avance el cronograma de pago de pensiones, se darán las mayores presiones para el pago de esta deuda, porque más dinero es el que saldrá del que entrará a “La Caja” , por cobro de pensiones, generando un problema social de incalculables dimensiones.
Otras de las razones por las cuales la Caja de Pensiones Militar –Policial está en graves problemas es como consecuencia de que el Estado le adeuda la suma de S/ 1,200 millones de Nuevos Soles ( conclusión de una auditoria realizada por Noles Monteblano y Asociados S.C. el 31 de diciembre de 2002), el 83.2% de su colocaciones comerciales en crédito y consumo se encuentran en cobranza judicial , el 50% de sus unidades inmobiliarias están pendientes de saneamiento técnico y legal y su valor neto no refleja su valor comercial y la Controlaría General de la República ha determinado que existe un desfalco de 175 millones de dólares( se calcula que el desfalco fue de $ 220 millones) y que los ultimos directorios se han quedado con los brazos cruzados para impulsar los procesos contra los responsables que se encuentran en el Segundo Juzgado Penal Especial, funcionarios del gobierno y altos mandos de la FFAA y PNP que robaron más de 131 mil millones de dólares y aún , no se han encontrado culpables.
Toda esta situación la ha llevado prácticamente a la quiebra “técnica “; más aún , tomando en cuenta de que es recién a partir del 2005 que “La Caja” empieza a pagarle sus pensiones a promociones enteras, situación que hace que las salidas de dinero sean mayores que las entradas por cobro de pensiones.
El origen de La Caja.
La Caja Militar –Policial se creó por Decreto Ley Nº 21021 del 17 de diciembre de 1974 con motivo de la unificación del régimen pensionario del personal militar y policial por Decreto Ley Nº 19846 que establecía que a partir del 1 de enero de 1974, el personal que se incorporaba a las FFAA y PNP , sus pensiones iban a estar a cargo de La Caja de Pensiones Militar –Policial .
La idea era que estos recursos sirvan para pagar las pensiones del personal que pase al retiro a partir de 2005 y que estos fondos iban sumando progresivamente con los descuentos a millares de militares y policías.
Estaba descontado e implícito que los administradores de La Caja no sólo debían velar por el mantenimiento de estos recursos sino también por incrementarlos con inversiones adecuadas. En esa orientación básica operó en sus primeros 16 años y el Estado, en su condición de empleador , aportaría 6% para el servidor militar y policial.
“La Caja” , como persona jurídica de derecho público interno, gozaba de autonomía administrativa , económica y financiera , se regía sólo por el decreto ley de su creación , un reglamento y no estaba sujeta a las normas legales y administrativas que regulan el funcionamiento de las entidades del sector público .
Dependía de los ministros de Guerra , Marina, Aeronáutica y del Interior, constituidos en Consejo de Supervisión, colegiado que se encargaba de formular y dirigir la política administrativa y supervigilar las inversiones ; además, se creó un órgano de fiscalización interna, la Inspectoría del Consejo de Supervisión, a cargo de un oficial general en actividad de la FF.AA que se iba a encargar de cautelar el buen funcionamiento y patrimonio de conformidad con la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control.
La Caja tomada por asalto por la mafia fujimontesinista
Entonces Fujimori llegó al poder y entre 1991 y el 2000, la Caja de Pensiones Militar- Policial fue virtualmente tomada por asalto por la mafia de Vladimiro Montesinos quien inició formalmente su intromisión en el manejo de sus fondos en 1991 , con la anuencia y participación directa de los altos mandos militares y policiales encargados de su supervisión y administración de toda inversión o colocación de dinero.
Según fuentes de la fiscalía, para ese objetivo Montesinos delegó ilícitamente el manejo de estos fondos a Víctor Alberto Venero Garrido quien estaba secundado por sus socios Luis Duthurburu Cubas y Juan Silvio Valencia Rosas, quienes decidieron asegurar el éxito de sus negocios ilícitos poniendo en dicha entidad pública a directivos y funcionarios allegados.
Después de una reestructuración en un plazo de 60 días, “ La Caja “ reabrió sus operaciones con un consejo directivo completamente renovado y para favorecer el manejo corrupto de sus "administradores" , empezó a desviar sus inversiones de activos financieros a riesgosas compra de bienes inmuebles , sucediéndose las operaciones cuestionables en esta entidad como el Caso Cimex, Caso Rotex, la compra de acciones del Banco de Comercio y de Financiera del Sur (Finsur), la compra del hotel Las Américas y otras instalaciones hoteleras.
Lo que no se dieron cuenta era que la inversión inmobiliaria es de naturaleza riesgosa y su éxito está condicionado a futuras ventas y los proyectos inmobiliarios difícilmente pueden servir como fuente permanente de ingresos para el pago de pensiones y compensaciones.
Concentrar cerca de US$ 217 millones en inmuebles equivale a tener "capital inmovilizado" que está perdiendo dinero en términos de costo de oportunidad ya que además de descapitalizarse no esta percibiendo intereses.
Lo contrario hubiera ocurrido si se tomaba la decisión de invertir en activos de carácter financiero. Cuanto más se demore “La Caja” en vender los proyectos inmobiliarios mayor será el costo financiero en términos de intereses no recibidos. En ese sentido sed recomienda que dada la escasez de liquidez, se debe proceder a la venta de inmuebles a la brevedad.
Se sabe que la Caja actualmente es propietaria de más de 7,500 departamentos ubicados en los distritos de Miraflores (Malecón de la Marina) y San Isidro (avenida Javier Prado). Hoy los precios de estos inmuebles estarían sobrevaluados en aproximadamente 30%.
Gravísimo problema de liquidez
Una Comisión investigadora, durante el Gobierno de Transición( 2001) evaluó la situación financiera de “La Caja “ , tomando en cuenta los parámetros de liquidez, solvencia económica, rentabilidad , riesgo y en base a un análisis en detalle de los Estados Financieros auditados presentados por La Caja desde 1991 hasta 1999 (Balance General y Estado de Ingresos y Egresos) , determinando que enfrentaba una gravísimo problema de iliquidez. Su manejo irregular la hab'ia conducido a un sustancial incremento de los pasivos (conjunto de deudas y obligaciones) que crecieron de US$ 282 millones (en 1991) a US$ 670 millones ( en 1999) incluyendo la denominada Reserva Técnica (obligaciones futuras de la Caja para pagar pensiones y compensaciones).
Con estos resultados contables , las conclusiones del informe eran preocupantes debido al serio problema de pérdida de liquidez que ponía en riesgo la posibilidad que la CPMP pueda cumplir con sus obligaciones a partir del 2005.
Se perdió S$ 504 MILLONES.
Para demostrar que los fondos de la Caja fueron invertidos ineficiente y delictuosamente, la Comisión Investigadora ( 2001) hizo un ejercicio.
Calculó qué habría ocurrido con los fondos de la Caja si en lugar de "invertirse" en la compra de inmuebles y otras transacciones, un empleado de la entidad, sin mayores conocimientos financieros los hubiera colocado como depósitos de ahorro en el sistema bancario a una tasa de interés pasiva promedio.
Si éste hubiera sido el caso entre 1991 y 1999, el valor de los activos de la Caja se habría multiplicado de US$ 224 millones a US$ 1,028 millones.
Al 31 de diciembre de 1999, el valor en libros de los activos de la Caja sólo había sumado US$ 732 millones. Por ello, la comisión concluyó que entre 1991 y 1999 se produjo una descapitalización o pérdida cercana a los US$ 300 millones. Sin embargo, este último monto no sería todo lo perdido por La Caja en el pasado decenio.
Si los mismos recursos se hubieran colocado con mayor destreza financiera, con tasas preferenciales en el sistema bancario, los activos de la CPMP se habrían multiplicado de US$ 224 millones a aproximadamente US$ 1, 178 millones, por lo que la pérdida habría aumentado a US$ 450 millones. Además, si se toma en cuenta que en la compra de inmuebles (US$ 217 millones registrados en libros) hay una sobrevaluación de aproximadamente el 25% (US$ 54 millones), las pérdidas totales de la Caja sumarían US$ 504 millones.
Una presa apetecible y de malos manejos .
La Caja siempre fue una presa bastante apetecible y desde su creación, se cometieron abusos, atropellos e irregularidades que la han puesto al borde del colapso , entre las que podemos mencionar los siguientes:
1. La invitación temprana de oficiales siendo muy jóvenes que empezaron a gozar del beneficio de pensión completa, el goce de beneficio completo de pensión para los oficiales subalternos, técnicos y tropa militar , quienes fueron muertos en manos de la subversión terrorista . La mayoría tenían edades promedio de 25-30 años ; sin embargo, gozaron de pensión completa.
2. El Estado utilizó a La Caja como su “caja chica” , pagando vestuario al personal, vacaciones, escolaridad , gratificaciones, etc., a través de decretos de urgencia bajo el pretexto de que no contaban con liquidez y que La Caja atendiera estos pagos.
3. El Estado tampoco ha cumplido con su aportación del 6% como empleador, tal es así que hasta la fecha adeuda la suma de 1,200 millones de Nuevos Soles.
4. No se puede recuperar los créditos por operaciones financieras al carecer del estudio técnico adecuado.
5.Se adquirieron inmuebles sobrevaluados y se vendieron otros a precios menores.
6. En noviembre 2003 se decretó arbitrariamente el incremento del descuento de militares y policías del 6 al 10% , para cumplir con una disposición del Poder Ejecutivo que ordenó ilícitamente el pago de 2, 400 pensiones de miembros de la Sanidad Policial , sin la transferencia económica correspondiente de parte del Estado.
7. Los gastos administrados son ocho veces mayor al monto que la ley dispone, cantidad que revela la existencia de una excesiva burocracia.
Los costos de administración de la Caja, y de las empresas que le pertenecen -el Banco de Comercio, la cadena de hoteles Las Américas, la Almacenera del Comercio y la Administradora del Comercio, entre otras-, son demasiado altos y se debe aplicar una drástica reducción.
Sueldos de ejecutivos llegan hasta los 21,500 soles
Mientras que más de 2,600 miembros en retiro de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas cobran al mes ínfimas pensiones, los altos funcionarios de dicha institución perciben sueldos hasta de S/. 21,500 mensuales.
Esto no obstante que la Caja de Pensiones Militar–Policial (CPMP) se encuentra técnicamente en quiebra y a punto de desaparecer.Así lo denunció el teniente PNP (r) Víctor Mascaro, secretario de prensa y propaganda del Frente Nacional de Lucha por los Deudos, Discapacitados y Pensionistas de las FF AA y PNP (Frenade), institución que desde la época de Alberto Fujimori ha venido denunciando supuestos malos manejos administrativos en la CPMP.
Mascaro indicó de manera tajante que nada ha cambiado desde la década anterior, y que la corrupción aún campea, con el agravante de que la situación de la CPMP ha empeorado con este gobierno, al que responsabilizó “por el despilfarro que se comete, y por las onerosas asignaciones a los llamados ‘capos’ de la institución, quienes ganan como si fueran congresistas".
Exist'ian 160 trabajadores reciben sueldos que fluctúan entre S/. 21,500 (gerente general), S/. 15,000 (gerentes de línea), S/. 9,000 (jefes de oficina), S/. 6,000 (jefes de departamentos), y así sucesivamente, hasta llegar a la escala mínima que es de S/. 1,800 (empleados auxiliares).
Haciendo una simple suma, la Caja desembolsa cada mes, por concepto de honorarios a sus ejecutivos y personal, un monto total de S/. 653,420. Como todos ellos ganan 14 sueldos al año, la Caja gasta anualmente S/. 9’147.880 en salarios, sin considerar bonificaciones y asignaciones, entre otros beneficios.
Como parte de un proceso de reestructuración que arrancó en 2004, la directiva de la Caja decidió salvar al Banco de Comercio, donde es dueña del 99.9 por ciento de las acciones. Para hacerlo, lo liberó de la cartera pesada y la traspasó a una nueva empresa, Administradora de Comercio, para que se encargara de las cobranzas.
En agosto de 2005, luego de un riguroso examen selectivo, con la anuencia de la Caja, la Administradora de Comercio nombró gerente general a Alfonso Ramírez Corzo. Su objetivo era recuperar US$ 16 millones, al promediar 2008.
Pero en julio del 2006, estallaron las disputas entre el gerente Alfonso Ramírez y el directorio de la Administradora, cuya presidencia reca'ia en un miembro del directorio de la Caja. En este caso se trataba del general EP Otto Guibovich Arteaga.
El 14 de julio, Guibovich informó al presidente de la Caja, el general PNP Julio Vergara, que el directorio de la Administradora había optado por despedir al gerente Alfonso Ramírez porque "ocultaba sistemáticamente información al directorio" y porque había adoptado "decisiones gerenciales lindantes con lo irregular".
No se trataba de simples acusaciones. La Administradora denunció penalmente a Alfonso Ramírez y el presidente de la Caja, el general PNP Julio Vergara Herrera, comunicó por escrito el incidente a los ministros Wagner y Mazzetti. Les dijo que habían sacado al gerente por proporcionar información falsa con la intención de causar perjuicio u obtener ventaja, también por haber usado indebidamente los bienes de la Administradora en beneficio propio y de terceros, y porque quebró la buena fe que depositó en él la empresa.
En su defensa, el ex gerente de la Administradora de Comercio Alfonso Ramírez dijo que lo despidieron porque encontr'o indicios de corrupción y como respetuoso de las normas y porque los 133 mil aportantes y 20 mil pensionistas de la Caja , hizo conocer la verdad, denunciando los hechos . Y, es por tal motivo quer los despiden .
El primero de agosto 2006, cuando ya se encontraba suspendido en sus funciones, el gerente general de la Administradora, Alfonso Ramírez, denunció al presidente del directorio, y a todos los integrantes del mismo, ante la División de Estafas de la Policía Nacional. Los acusó de haber cometido delitos contra la fe pública y asociación ilícita para delinquir.
De acuerdo con Alfonso Ramírez, los directores de la Administradora, Hernán Rodríguez García y Luis Zuazo Mantilla (quienes a su vez se desempeñan como gerente general y secretario del directorio de la Caja), adulteraron las actas de la sesión del directorio del pasado 10 de julio, con la expresa finalidad de atribuirse poderes que nunca se les confirió. Y mediante dicha triquiñuela, "tener libre disponibilidad de los fondos que pertenecen a los miembros de las FFFAA y la PNP".
El 21 de agosto, cuando ya se encontraba fuera de la Administradora de Comercio, Alfonso Ramírez amplió su denuncia, esta vez por los delitos de falsedad genérica y de coacción, acusando ante la División de Estafas de la PNP al presidente de la Caja, el general Julio Vargas, y al secretario general de la misma, Luis Zuazo. En este caso, el ex gerente general sostiene que los denunciados convocaron a una Junta de Accionistas de la Administradora para el 31 de julio, la misma que nunca se llegó a realizar. Sin embargo, el presidente de la Caja reconoció como válida la Junta de Accionistas y ordenó que los supuestos acuerdos que se realizaron en la misma se inscribieran en Registros Públicos. Lo hicieron para avalar su despidio arbitrario y así ocultar los actos de corrupción que denunció.
Investigan por corrupción a jefe del Estado Mayor de la Marina peruana
Según el diario peruano El Comercio, un juzgado penal de Lima dispuso la captura hace 10 días del vicealmirante Alberto Lozada Frías.
La Justicia de Perú ordenó la detención del jefe del Estado Mayor de la Marina, vicealmirante Alberto Lozada Frías, por presunto enriquecimiento ilícito.
Un juzgado penal de Lima dispuso la captura hace 10 días, pero la Policía Nacional supuestamente tiene problemas para ejecutarla porque la Marina afirma que el oficial está de vacaciones, de acuerdo con la versión.
El Comercio indica que ni el Poder Judicial ni la Fiscalía han ofrecido detalles sobre los cargos, pero estima que podría tratarse de presuntas irregularidades ocurridas en la Caja de Pensiones Militar-Policial cuando Lozada Frías laboró allí, primero como director y luego como presidente, entre 2002 y 2004.
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