Parece que el Octavio Salazar ha encontrado la fórmula para acabar con la delincuencia callejera :" criminalizando la vida diaria".
No es el único que propone esta medida, también se le escucha a los Padres de la Patria .
Es una tendencia cada vez más creciente en estos tiempos de la gripe procina .
Es conocida como la criminalización de la vida diaria o la posibilidad de sustituir normas sociales con poca fuerza con normas penales que agraven las penas e incluir hasta los pirañitas , enviándolos a las cárceles .
En esa línea, Octavio Salazar, ha presentado y sustentado en la Comisión de jJsticia del Parlamento , un proyecto de ley para penalizar las faltas graves, principalmente a los reincidentes .
La idea es no ver en las calles a carteristas, ladrones de celulares, pirañitas, que se vayan a las cárceles del país.
Al escuchar esto, un avispado periodista , de esos que hacen preguntas inteligentes , le hizo al ministro el siguiente comentario , que no obtuvo respuesta:: " entonces habrá que construir más cárceles porque en las que existen no cabe ni un alfiler".
El error de los seguidores de esta tendencia es que buscar la solución al incremento de la inseguridad ciudadana , acudiendo al derecho penal como fuente de expectativas , sin tomar en cuenta que el derecho penal es la ultima ratio de la resolución de los problemas y no la prima ratio o incluso, la sola ratio.
Si invertimos el ángulo de reflexión y tomamos en cuenta el comentario del periodista quien se refirió a que en nuestras cárceles no cabe ni un alfiler , llegamos a la conclusión de que estas medidas no funcionan porque el sistema penitenciario está en crisis, las cárceles peruanas son escuelas del crimen y , últimamente, con el secuestro de la adolescente Giannina Valdez, hija de ex alcalde de Coronel Portillo, Juan Valdez, quien está procesado por narcotráfico y lavado de dinero , latrocinio planificado en el penal de Piedras Gordas- se supone que es el penal de máxima seguridad en el país - se confirma que los penales se han convertido en centros de planificación del crimen organizado .
Enviar a los pirañitas, carteristas, ladrones de celulares, de accesorios de carros a los penales que son escuelas del crimen, centros de planificación de secuestros, es darles un magister a los delincuentes callejeros para que en poco tiempo salgan doctorados. Y la medicina agravaría la enfermedad, de eso estamos seguros.
No se rehabilita ni a un pirañita.
En una verdad de Perogrullo que si bien la norma constitucional señala textualmente que el sistema penitenciario tiene como objeto la reeducación, rehabilitación e reincorporación del preso a la sociedad, las cárceles en nuestro país, en la situación actual de abandono en que se encuentran, no rehabilitan ni a un pirañita.
Eso lo sabe bien las autoridades, el Jefe del INPE, el ministro de Justicia, el Presidente de la República.
Se supone que también debe saberlo el actual ministro del Interior , general Octavio Salazar, quien defiende la tesis de que los reincidentes en faltas graves deben ser sancionados con penas privativas de la libertad. ¡ Una tontería¡
Depósitos de miseria humana.
La mayoría de los centros de reclusión se han convertido en escuelas del crimen , lugares en donde a los internos se les somete a todo tipo de abusos, donde campea la corrupción , el hacinamiento, en verdaderos y reales “depósitos de la miseria humana”, donde van a parar los huesos de los misios, los que no tienen padrinos o lo que no pueden conseguir un indulto presidencial .
Además, se les escapa un detalle: la cárcel es el último escalón de la cadena del sistema judicial y de control social ; cadena que empieza desde la Policía, los fiscales, los jueces , hasta terminar en la cárcel .
Tal es así que las cárceles que administra el INPE, reciben el activo y pasivo , lo bueno , malo y feo , de todo el sistema judicial .
La pena privativa de la libertad sería el último eslabón de un conjunto de acciones que se desarrollan e interactúan entre sí.
Cuando el ministro del Interior, Octavio Salazar, dice que se debe penalizar la reincidencia en las faltas graves, esta inocente propuesta, la panacea para solucionar la inseguridad ciudadana , también tiene efectos en la cadena del sistema judicial , porque en realidad , estas instituciones(Policía, Ministerio Público, Poder Judicial , INPE) , son parte de un sistema o deberían serlo. Es lo ideal .
Por lo tanto, se debería consultar , cuanto se trata de modificar el Código Penal o el Código de Ejecución Penal , a todas estas instituciones para ver si se puede sugerir penas alternativas para no llegar a criminalizar la vida diaria o penalizar conductas que podrían atacarse de otra maneras, con imaginación y creatividad .
Por ejemplo, para la aprobación de esta ley de penalización de reincidentes en faltas graves nunca se le llama al Jefe del INPE para preguntarle si existen espacios vacíos en las cárceles del país .
Las autoridades no entienden que si se aumentan las penas privativas de la libertad, si se penaliza a los reincidentes de faltas graves, si se acorta la edad para enviarlos a la cárcel , buscando antídotos para calmar a la población ante el incremento de la criminalidad, estas medidas repercuten en el sistema penitenciario.
Las cárceles son depósitos de miles de procesados.
Como también cuando se dilatan los procesos judiciales , incide en la crisis penitenciaria, porque las cárceles se han convertido en depósitos de miles de procesados( apenas el 30% tiene condena ;el resto, en situación de procesados).
El hacinamiento , no siempre obedece a la falta de infraestructura física , también obedece a la falta de coordinación que existe entre el Poder Judicial y el INPE para agilizar los procesos judiciales que permita determinar la inocencia o culpabilidad de los internos .
Asimismo, es el resultado de que muchos jueces son “ meros carceleros” , se dedican a imponer graves penas , restringiendo los beneficios penitenciarios y no ven otras alternativas.
El INPE , como institución , no solo se encarga de guardar a los que transgreden la ley , sino también, conforme a la Constitución Política del Estado , debe cumplir una misión readaptadora, es responsable de que todo interno que ingresa a un establecimiento penitenciario, sea reeducado o inoculado contra el crimen y que cuando salga de prisión, sea un ciudadano recuperado para la convivencia sana en sociedad .
La sociedad y el Estado ha depositado su confianza en esta institución para que devuelva a la sociedad, seres humanos que puedan reinsertarse como buenos ciudadanos, trabajadores y arrepentidos de su crimen.
Pero , en realidad, esta institución ha deformado su misión readaptadora , no rehabilita a nadie, no cumple su razón de ser y no existe un plan de tratamiento penitenciario que sea efectivo , bien estructurado y sistemático .
La teoría criminológica demuestra que la población juvenil es la que presenta mayores probabilidades de recuperación social y es una de las primeras responsabilidades de la institución penitenciaria, pero no sucede así, los establecimientos penitenciarios , oficinas de medio libre y penas limitativas de derechos a nivel nacional , en especial, los de provincia, desconocen las normas vigentes respecto a tratamiento penitenciario y acciones relacionadas con la ejecución penal .
Las cárceles del país se han convertido en escuelas del crimen , centro de planificación del crimen organizado y centros de desapariciones( casi nunca se sabe cuántos internos habitan en las cárceles).
Por ejemplo, nadie puede dar con certeza la cantidad exacta de internos en el penal de Lurigancho debido a que es imposible realizar un censo en este penal por el alto nivel de hacinamiento y desgobierno que existe.
Tal vez, en estos momentos , cuando termines de leer estas líneas , ya desapareció un interno en manos de sus propios compañeros o ha sido arrojado a los canales o subterráneos del penal de Lurigancho .
No se les puede hablar de que la Constitución Política del Perú, artículo 139, inciso 22, el régimen penitenciario tiene por objeto, además de la reeducación y la rehabilitación, la reincorporación a la sociedad, porque las cárceles sirven para todo, menos para rehabilitar o reinsertar los internos a la sociedad.
Estoy seguro que muchos conocen los penales desde afuera, han visto sus grandes paredes.
Algunas veces han tenido oportunidad de ingresar para visitar algún familiar o amigo que tuvo problemas con la justicia; otros , sólo han llegado hasta la oficina del director o invitados en alguna inauguración de obras, después se retiran, tapándose las narices de manera simulada para no sentir el hedor nauseabundo que invade la mayoría de sus ambientes .
En los penales, como en nuestro país, muchas veces la realidad supera a la fantasía o la imaginación.
Cuando escuchas la palabra INPE lo primero que golpea tu memoria es “celdas doradas”, corrupción, centro de planificación de secuestros, micro comercialización de drogas, escuelas del crimen, ingreso y venta de celulares, reyertas o batacazos … Y, paro de contar porque la lista es interminable y faltaría tinta y papel .
Si bien es cierto que las cárceles se han convertido en depósitos de seres humanos que han caído en desgracia o son carne de presidio, en realidad, en estos lugares se llevan a cabo actividades subyacentes que escapan a la imaginación , así como al golpe de vista .
Muchos delincuentes han descubierto sin mayor esfuerzo que no existe lugar más seguro , aunque parezca contradictorio, para planificar y dirigir los secuestros y asaltos que las cárceles en nuestro país , que aparentemente se muestran inexpugnables.
Pasaré a mencionar algunas de estas actividades aparentemente desconocidas para las autoridades y el gobierno :
Control y venta de espacios (dormitorios)
Microcomercilización de droga
Tráfico y venta clandestino de ron y alcohol( cada lata de cerveza se vende a ocho nuevos soles)
Venta de alimentos en las tiendas o restaurantes que debería ser entregado a los internos gratis porque lo proporciona el Estado.
Cobro por visitas especiales.
Corrupción de empleados de tratamiento penitenciario que piden dinero al preso para agilizar sus trámites de beneficios o para elaborar algún informe psicológico que les sea favorable.
La muerte en una reyerta de un interno que se hace común en las estadísticas.
La desaparición de algún preso en Lurigancho donde no existe estadísticas y nunca más lo vuelves a ver.
Los famosos “batacazos” cuando sale algún delegado en libertad después de cumplir condena y los de otros pabellones quieren tomarlo por la fuerza .
Las “lanchadas” periódicas , algunas de ellas sólo son simples rumores para meterles miedo a los presos y después cobrarles para que no sean trasladados a otro penal .
La violación de delincuentes adolescentes y violación de violadores que les pagan con la misma moneda.
Los “Taitas” que controlan los pabellones detrás de los delegados y que lucran con la comida que paga el INPE.
Policías corruptos que cobran por ingresar alimentos o por la distribución de alimentos en el interior de los penales.
Delegados de pabellones que presentan listas de reclamos y si no les cumplen se amotinan.
Precariedad o ausencia de servicios mínimos donde 200 internos hacen uso de un solo baño , como en el penal de Lurigancho.
Infraestructura colapsada.
TBC, VIH-Sida.
Niños menores de tres años viviendo con sus madres y sufriendo las mismas penurias de sus progenitoras.
Enfermedades comunes por falta de medicamentos o por alimentos malogrados como infecciones estomacales.
Bloqueadores que no bloquean y que si bloquean, sólo es el 80% de la señal celular que sale del penal de Piedras Gordas.,
Eexámenes especiales realizados por el órgano de control institucional habiendo determinado que 31 procesos de 83 auditados tienen indicios razonables de la comisión de diversos delitos y/o perjuicios económicos en contra de los intereses del INPE.
Sistemas de agua y desagüe colapsados por falta de mantenimiento .
Aguas negras empozadas en algunos penales que son focos de contaminación , propicios para la aparición del dengüe .
Presos que tienen más años que condena .
Orates que deambulan por la cárcel buscando sus memorias perdidas y llorando como niños sin entender el porqué están encerrados.
Jóvenes delincuentes que se convierten en presas apetitosas para los leones.
Celdas que se venden de 100 dólares hasta 500 dólares .
Jueces y secretarios de juzgados que para armar y estudiar un expediente para los beneficios , reciben coimas entre 300 a 500 nuevos soles y cuando el expediente es declarado procedente, cobran entre 800 a 1000 dólares.
Por el momento creo que es suficiente.
Si la mayoría de las instituciones del Estado están en crisis, una más no llama la atención , no se convierte en noticia , no les quita el sueño a los burócratas del gobierno , menos al ministro de Justicia , salvo que se fuguen todos los internos tal como sucedió en el Penal de Tambo de Mora (Chincha), donde la situación se escapó de las manos y se convierte en un escándalo o se descubra que desde el Penal de Piedras Gordas- se supone una penal de máxima seguridad - .
¿ Existe alguna explicación de la crisis sempertina en que navega el INPE?
Se han ensayado muchas respuestas y soluciones. Desde las más cuerdas hasta las más inverosímiles como aquella explicación que dice que las crisis es necesaria porque se presentan como una bendición, mientras permanezcan latentes, habrá ganancias porque “ a río revuelto , ganancias de pescadores” o permite el asalto cuando la casa está en llamas.
Siempre habrá ganadores en situaciones de crisis permanente y pocos son los perdedores ; entonces, vivan las crisis y que se hagan eternas hasta el fin de la humanidad .
La palabra “ crisis” se ha vuelto tan popular en el INPE al igual que otras palabras como las “bolas” que se sueltan o se apoderan de los pasillos de la Sede Central o de los pabellones de penales cuando los policías o agentes de seguridad sueltan el dato a los delegados que esa noche se llevará a cabo una “lanchada” ( traslado inesperado de internos a otro penal) , porque si se frustra, deja buenos dividendos.
Después de algunas horas y llamadas por celulares , los agentes les dicen que la orden ha sido suspendida pero que tienen que dejarse “alguito” para que no sean “lanchados” .
Para los internos presos por narcotráfico, esa palabra significa miles de dólares. ¿Cuánto? Nunca se sabe.
Evitar la lanchada para un “narco” puede significar entre cinco mil a diez mil dólares y si quiere ser trasladado hacia algún penal de su preferencia, la cantidad en dólares puede ser un dígito con cinco ceros ..
¿Quiénes se benefician con estos pagos? Es toda una cadena . El primer eslabón puede estar en las cárceles , llegando a los más altos niveles , incluso, se especula que podría llegar al bunker del Ministerio de Justicia.
Casi todos los diagnósticos que se han realizado en el INPE empiezan con estas frases de cliché :” en los últimos veinte años el INPE siempre ha estado en crisis permanente y cinco veces ha sido declarado en reorganización e igual número de veces en emergencia con la finalidad de revertir estas continuas crisis del sistema penitenciario “.
Efectivamente, en los últimos años hubo varios intentos para superar la crisis en el sistema penitenciario , pero la mayoría de estos intentos han sido infructuosos , terminaron en puras “mecidas” , otras , sólo sirvieron para justificar gastos astronómicos y al final, el dinero destinado para tal fin, terminaba en los bolsillos de astutos e inmorales funcionarios de los niveles más alto del sistema .
Se ha inventado muchas fórmulas para acabar con la crisis en el INPE pero los avances no han sido sustantivos.
Pero , como laboratorio experimental, sigue siendo de interés y es sin lugar a dudas, un gran reto para todo administrador, porque si logras solucionar la crisis en esta institución, lo demás es papallita.
Diagnósticos siguen o más diagnósticos. Muchos de los cuales se hicieron detrás de elegantes escritorios, en cómodas oficinas, sin ensuciarse los zapatos en el barro de las prisiones , sin pisar nunca una cárcel y sin tomar en cuenta que las ideas pueden ser muy lógicas pero a veces tropiezan con la realidad de las prisiones. Al final, las reformas terminaron en simples maquillajes con despidos de trabajadores , algunos son desplazados y otros entran a cubrir los puestos de confianza .
Pasaron y pasarán muchos técnicos, criminólogos, sociólogos, magísteres, doctores, generales, pero , la crisis continua, cada vez más se consolida, sienta resistente raíces, se endurece como en cemento , como la corrupción , sigue corroyendo las venas, el músculo , el cerebro .
Los innumerables diagnósticos que se han hecho arrojan que el hacinamiento es el problema principal , que casi el 70% de los penales están para reventar como granadas maduras, que reina la corrupción operativa y administrativa , que ingresan de manera subrepticia un aproximadamente cinco kilos de Clorhidrato de Cocaína a Lurigancho , se inflan los presupuestos para el mantenimiento de las máquinas e servicios básicos, que existen mafias poderosas en la distribución de alimentos, compras y adquisiciones, muchas de estas mafias hacen que las licitaciones se quiebren para después declarar “ situación en emergencia “ y adquirir los alimentos mediante el sistema de adjudicación de menor cuantía favoreciendo a algunas empresas proveedoras , con el riesgo de la calidad y precio adecuado , que existe un el elevado porcentaje de internos sin condena ( 66.66% de la población penal ) que se encuentran en situación jurídica de procesados[1] , tomando como referencia el total de la población penal a nivel nacional que es de 37, 450 internos, que los bajos sueldos desmotivan al personal de agentes penitenciarios , así como la carencia de una normatividad adecuada para que puedan ejercer sus funciones ( Ley Orgánica, Ley de Carrera Penitenciaria), que las reyertas se suscitan en su mayoría por la baja calidad de la alimentación y la corrupción que existe en los penales y que el INPE se encuentra desarticulado del Poder Judicial y otras instituciones, no obstante ser parte del sector justicia .
Cada tiempo , el tema de los penales, vuelve a las primeras planas o hace noticia como cuando se descubre que los penales son centros de planificación e secuestros o se han fugado unos presos .
Pero, si bien es cierto que existen una larga lista de males en el sistema penitenciario , muchos de los cuales , explican el origen a la permanente crisis penitenciaria , pero todas quedan en un segundo plano , cuando se descubre que una cárcel como Piedras Gordas , que se supone es de alta o máxima seguridad, está siendo utilizada como centro de planificación del crimen organizado para llevar a cabo secuestros .
¿Quién o quiénes son los responsables?
En otros países , el simple hecho de descubrirse que los penales son centros de planificación de secuestros, ya hubiese caído la cabeza del Jefe del INPE y del ministro de Justicia , pero acá, en este país surrealista, a nadie le interesa este detalle porque estamos más preocupados en aprobar leyes para agravar las penas o penalizar los que incurren en faltas graves .
Los estrategas y garúes de la seguridad ciudadana piensan que con esta medidas acabaran con la delincuencia o el crimen organizado o criminalizando la vida diaria .
Creen que mientras más delincuentes ingresen a las cárceles en donde no cabe ni un alfiler, incluso, hasta los que roben un celular, será la panacea para solucionar el problema de inseguridad ciudadana, para satisfacer el clamoroso e indignante pedido de la ciudadanía, dentro y fuera de las encuestas , de poner fin a la ola de violencia criminal , a los robos y atracos sangrientos , en Lima y provincias, los secuestros y balaceras en pleno día que ponen en peligro la integridad y la vida de los peruanos.
Si bien , tal como afirmó el domingo 30 de agosto último el ministro del Interior, la seguridad ciudadana y el control del orden público no son responsabilidad exclusiva de la PNP , exhortando a los alcaldes del país y la sociedad civil a colaborar para combatir esa problemática social y que la policía no es exclusiva ni excluyente en tareas de seguridad ciudadana ya que existe tema de educación en casa, es tema de maestros, de operadores de justicia, de los alcaldes distritales , el obligación del Estado , según el ordenamiento constitucional, garantizar los derechos fundamentales a la vida, la propiedad y el libre tránsito.
Si bien cabe responsabilidad primaria a los padres de familia, los maestros y el sistema educativo , es obvio que el Gobierno tiene que asumir responsabilidad en varios niveles ante el hecho evidente de que la mayoría de los asaltos , secuestros y robos se siguen planeando desde las cárceles , situación intolerables que obliga a revisar la política del sistema penitenciario, la prohibición de celulares en las cárceles, alcanzar el objetivo rehabilitador, totalmente arrasado por el hacinamiento y la corrupción de los penales , convertidos en las universidades y centros de planificación del crimen.
[1] Informe Estadístico Mensual ( enero 2007) del INPE, página 19, Oficina de Estadística -OGP
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