· Nadie hasta la fecha ha explicado cuáles son los “indicios razonables “ que demuestran la
culpabilidad del coronel Linares Ricalpa.
· La presión mediática de la prensa y los desatinos
del ministro del Interior , Walter Albán, han permitido que se levante una serie de rumores, chismes y conjeturas que
vulneran el principio de presunción de inocencia .
El coronel Jorge Linares Ripalda, procedente de
la ex Guardia Civil , ha sido detenido en Chiclayo por supuestos vínculos con la
organización criminal El Nuevo Clan del
Norte o La Gran Familia III y traído
a la capital , enmarrocado, conducido
como un vulgar delincuente, estigmatizado por la prensa amarillista y sentando ante los sabuesos de Inspectoría
General de la PNP quiénes están ávidos de demostrar su responsabilidad administrativa-
disciplinaria porque según existen “ indicios razonables” ( tal como lo dijo el
ministro del Interior, Walter Albán) de haber mantenido vínculos con la banda
criminal antes mencionada .
La noticia de su
detención ha caído como un baldazo de agua fría en la Policía Nacional, no sólo
por ser un oficial de alto rango sino que este oficial superior estaba voceado
para ser general y la forma cómo fue traído a la ciudad de Lima : esposado y
con el estigma de ser un criminal . Su
sobrino Milton Montalvo pide que se
investigue más y que se le dé un trato justo a su tío.
No quisiera estar en
la piel de este oficial superior que estaba en la lista para ser ascendido a
general PNP y que se venía desempeñando
como Jefe de la Dirección Territorial de la Policía de Lambayeque. Prácticamente, las autoridades del sector
interior , de la Policía Nacional y la prensa “piraña” lo han sepultado en vida y lo han condenado
antes de cualquier proceso o investigación realizada con todas las garantías de
un debido proceso , vulnerando ese principio llamado “Presunción de Inocencia”,
que el ministro del Interior lo conoce bien porque es abogado y ha sido
defensor de los derechos humanos .
Todos los hechos y
los indicios lo condenan, hasta el detalles de haber pedido su pase al retiro,
algo que fue tomado como indicio de
culpabilidad o el hecho de que uno de sus subalternos haya desaparecido cuando
los policías lo fueron a detener.
Pero , nadie ha
explicado hasta la fecha cuáles son esos “indicios razonables “ que demuestran
su culpabilidad , levantándose sobre este caso una serie de rumores, chismes y conjeturas.
Se sabe que su
detención fue ordenada por la jueza del Segundo Juzgado Penal Nacional,
Juana Mercedes Caballero García, en base a las imputaciones del Ministerio
Público y de un grupo de suboficiales de
la PNP detenidos a inicios de este mes por el mismo caso. Se reportó que otros
tres policías fueron detenidos, entre ellos Ángel Villanueva Pizarro y Lorenzo
Níñoque Baquedano, que fue detenido contando con la presencia del representante de la Fiscalía
Supraprovincial contra la Criminalidad Organizada, Miguel Toyohama Arakaki y
que la Policía de Secuestros de Lima y el Ministerio Público habían realizado una investigación en primera instancia que
determinó la responsabilidad del coronel Linares .
Pero, como estas
instituciones ( Poder Judicial ,Ministerio Público y la PNP) están tan
desprestigiadas y la ciudadanía desconfía de ellas y de sus investigaciones que
se supone deben ser imparcializadas y objetivas, sumado a las conjeturas que ha
desatado la prensa sobre el motivo de la detención del coronel, la opinión pública considera que en este caso
existe “gato encerrado” y que puede deberse a venganza o para sacar de en medio
a este coronel que ha tenido grandes
logros en la lucha contra el crimen organizado durante su carrera profesional .
Pero, dejando de lado
los dislates del ministro del Interior que de antemano ha condenado al coronel sin darle oportunidad a defenderse y ser
sometido a un proceso con todas las garantías de ley, la actuación del
Ministerio Público y la Policía de Secuestro que los sindican como responsable
de haber tenido vínculos con una banda criminal sin mayores asideros, lo que preocupa es observar a diario que un gran sector de la
prensa peruana practica lo que se conoce como el juicio
paralelo o presión mediática , afectando la
imparcialidad de la investigación e
inclinando la voluntad de fiscales y jueces .
En determinados casos
, la presión mediática de la prensa puede ser tal que parece imposible pensar
que el coronel Linares no sea procesado y sentenciado en consonancia con el
sentir de un clase social determinado o con un grupo social concreto.
El juicio paralelo es
un conjunto de informaciones que aparecen a lo largo de un periodo de tiempo en
los medios de comunicación sobre un caso a través de los cuales, la prensa realiza una
valoración sobre la regularidad legal y ética del comportamiento de personas
implicadas en hechos sometidos a una investigación o proceso judicial ; valoración que poco a poco se convierte ante
la opinión pública y las autoridades en
una suerte de proceso paralelo o presión mediática.
Quiere decir que al
cabo de un determinado periodo de tiempo, en el que han ido apareciendo
informaciones sobre los hechos acompañados de juicio de valor más o menos
explícitos, editoriales, contribuciones de personas ajenas a la plantilla de
tales medios, las personas afectadas aparecen ante la opinión pública, o al menos
ante un segmento de ellas, como inocentes o culpables, creando un clima
favorable o adverso para los investigados
o procesados, incluso, pueden determinar o influir en el ánimo de policías ,
fiscales o jueces para la decisión final sobre el proceso.
El principal problema
que existen en los llamados “juicios paralelos” es la posible colisión de la
libertad de prensa- derecho al que se alude en este caso- con los derechos
procesales de los investigados o justiciables.
Es difícil mantener a
la ciudadanía al margen de los casos judiciales más polémicos y sobre todo
impedir que en un momento determinado, la prensa, la radio y la televisión
puedan hacerse eco de ello y controlar el juicio paralelo de la prensa no es
tarea fácil debido fundamentalmente al papel esencial- reconocido en numerosas
sentencias del Tribunal Constitucional- que tienen los medios de comunicación
en la sociedad actual. Sin embargo debemos plantearnos la hipótesis de que si
bien la prensa busca informar a la opinión pública, también pueden existir
intereses ocultos que justifican o determinan una concreta línea editorial:
proteger o ayudar a uno de los procesados o influir en la decisión final del
juez a favor de una de las partes.
Pero sobre todo, se debe garantizar la presunción
de inocencia y prevenir cualquier influencia exterior en el curso de la investigación
ya que los juicios paralelos de la
prensa pueden vulnerar la presunción de inocencia y ser una influencia exterior
negativa en el curso de la administración de justicia para cualquiera de los
procesados .
En nuestro país no existe regulación a este fenómeno , sumado a la
complejidad del tema porque si bien es cierto las consecuencias que tales
campañas mediáticas o juicios paralelos pueden tener en los diferentes procesos
judiciales y que podrían ser decisivas, los mecanismos para controlarlas son
indirectos, con lo cual en un primer momento del proceso es prácticamente
imposible evitarlo, y sólo podrá actuarse cuando el fallo
En resumen, debemos concluir que el papel de la prensa en
cuanto al llamado juicio paralelo debe ser regulado, limitado, porque aunque el
fin de la prensa sea informar y satisfacer un interés tan digno de protección
como debe ser el interés público, es preciso también proteger los derechos
fundamentales de los procesados como son la la presunción de inocencia y la imparcialidad y objetividad de las
investigaciones.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario