Por: Dardo López Dolz M.
11NOV2012.
El proyecto de
modificación de la Ley 25054, aprobado por el Congreso, es un ejemplo de lo que
el desconocimiento y el apresuramiento efectista pueden producir, y debiera ser
observado por el Presidente, so riesgo de empeorar lo que quiere mejorar.
Además de no añadir
valor alguno, repitiendo requisitos y restricciones que ya existen en la
legislación vigente, otorga tal discrecionalidad a la Dicscamec, que no es
difícil esperar corrupción en el futuro. Las leyes deben tener vocación de
vigencia más allá de la confianza en los que ocupan hoy un cargo.
El proyecto no
soluciona el evidente problema actualmente causado por malos policías y malos
militares que compran grandes cantidades de balas por valor superior a su
sueldo, sin límites ni controles, que sí tenemos los tiradores civiles,
derivándolos a la delincuencia.
Pero es en las
prohibiciones donde está la mayor metida de pata: "Se prohíbe la
importación y uso de armas calibre 9 mm" (conocidas comercialmente como 9
mm Parabellum o 9 mm Luger, hoy de posesión restringida), arguyendo un gran
poder destructivo sustentado únicamente en "conocimiento" proveniente
del cine de acción, ignorando los resultados de los estudios de balística del
FBI acerca del real poder de detención de una 9 mm.
Se empuja hacia la
ilegalidad a miles de ciudadanos honestos que cuentan con licencia para porte y
uso, sea para seguridad (empresarios o guardaespaldas de empresarios y
funcionarios), sea para deporte (hay varias modalidades no olímpicas, pero muy
populares, como el IPSC), dejando como única fuente el mercado negro, tal como
ocurrió en el pasado.
Considerando un
precio promedio de $1200, es fácil prever que si se sugiere un confiscatorio e
inconstitucional "internamiento" o venta forzada, ello motivaría que
sean declaradas "robadas" o "perdidas" y se poseerán o
venderán ilegalmente.
Sin mencionar que
deja en el limbo a los lotes de armas y municiones legalmente importados en
stock por las tiendas autorizadas y los embarques marítimos en viaje.
El origen de esta
prohibición es la incapacidad de las FF.AA. y la PNP para evitar que su
munición en ese calibre sea vendida en el mercado negro. Es decir, se propone
sancionar a ciudadanos honestos, respetuosos de la ley, por incapacidades
administrativas no resueltas en el ámbito militar y policial.
No soluciona ningún
problema relativo a la actual inseguridad, sanciona a ciudadanos respetuosos de
la ley, incentiva la no renovación y favorece a los delincuentes empujando las
armas (hoy legales y rastreables) hacia el mercado negro, a la vez que hace
atractivo el mercado negro de municiones.
Un completo mamarracho.
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